El proyecto presentado en la Legislatura propone modificar la ley provincial 6354 de protección a la minoridad vigente desde 1995. Asimismo establece la creación de un comité de Bioética, la participación obligatoria del juez en las audiencias y la creación de una defensoría de niños, niñas y adolescentes a cargo de un abogado dedicado exclusivamente a la defensa de los derechos de los más pequeños en cualquier proceso judicial.
El proyecto que pretende funcionar en consonancia con la ley Nacional 26061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes fue presentado por el ministro de Desarrollo Humano, Familia y Comunidad, Carlos Ciurca y la ex ministra de la Corte Suprema de Justicia, Aída Kemelmajer de Carlucci.
La iniciativa propone modificaciones esenciales a la ley provincial 6354 en lo referente al funcionamiento de los Juzgados de Familia. La iniciativa apunta a modificar sustancialmente las funciones del Poder Judicial ya que manifiesta que su función primordial es velar por el cumplimiento de las leyes. De este modo establece que a partir de la sanción de esta norma el juez vuelve a aplicar derecho y no a intervenir en situaciones de vulneración o amenaza de derechos de niños, niñas y adolescentes.
En este sentido Kemelmajer de Carlucci afirmó que el juez debe abocarse a lo legal y no a lo social, lo social debe ser resuelto por el Ejecutivo y dentro del Ejecutivo por el Ministerio encargado de esa área.
Entre los puntos más destacables de la norma presentada, se establece la creación de un comité de Bioética que pueda ser convocado por un magistrado cuando el caso lo amerite, un turno en materia de protección de derechos que funcionará a jornada completa incluyendo días no hábiles.
Además decreta la participación obligatoria del juez en las audiencias, estipula la existencia de una audiencia preliminar obligatoria que apunta a la mediación y acuerdo de partes antes de llegar a un juicio para agilizar los procesos.
La misma expresa que será el Estado el que otorgue los recursos humanos, materiales y financieros necesarios para el logro de los objetivos de la ley establece como garantía de prioridad, al mismo tiempo que deberá promover la creación de direcciones municipales que apunten al acceso a los derechos de los que son titulares y a los programas disponibles.
Otro punto importante es que dispone la creación de la defensoría de niños, niñas y adolescentes a cargo de un abogado dedicado exclusivamente a la defensa de los derechos de los más pequeños en cualquier proceso judicial.
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