Lo reconoció ayer su titular, Inés Abrile de Vollmer. La Dirección General de Escuelas ya suma 20 casos graves de violencia de padres hacia docentes. Este proyecto propone, entre otras cosas, arrestar a los padres agresores.
La idea es modificar dos artículos del Código de Faltas para que los padres sean juzgados directamente por un juez. Por un lado, en caso de agresiones contra un maestro o personal no docente tendrían su castigo. El Gobierno propone la aplicación de sanciones, que podrían llegar a un arresto de hasta 30 días y el cobro de una multa de hasta 3 mil pesos a los padres transgresores.
El segundo artículo que se busca modificar es penar a aquellos progenitores o tutores a cargo del menor que «se ha acostumbrado a buscar tarde a los chicos a la escuela y los docentes se hacen cargo del menor. No digo una demora de 15 o 20 minutos, sino de una hora o más y que se ha convertido en parte de la rutina, sin excepción», contó la titular de la DGE.
«Queremos proteger al docente y mostrar que es determinante agredir a un docente al igual que incurrir al abandono de los niños», agregó la funcionaria. La DGE quiere aplicar la nueva sanción después de las vacaciones de julio para que en el último cuatrimestre se logre resguardar más a los docentes.
Ante la falta de protocolo
Mientras tanto, la aplicación de un protocolo para casos de violencia escolar y extraescolar es la tercera medida que busca concretar la DGE, tras el receso invernal y más allá de echar mano a la Justicia. Abusos y maltrato de padres hacia docentes, de docentes a alumnos o entre alumnos, portación de armas o drogas, adentro y afuera del colegio, serán los casos que tendrá en cuenta la DGE en esta nueva resolución que entrará en vigencia desde fines de julio.
Así, el protocolo, hasta ahora inexistente, tendrá un procedimiento específico para que cada escuela cumpla ciertos pasos y que las decisiones no queden a criterio de un director.
«No hay un protocolo. Sólo hay recomendaciones a los directivos. Hoy frente a hechos cada vez más graves se necesita una receta para que cada escuela sepa qué pasos seguir», dijo María Inés, quien reconoció que el bullying entre pares será uno de los elementos clave de la nueva medida. «Produce mucho daño a un chico en lo psicológico, en lo moral y hasta en lo físico cuando hay violencia».
Por ahora, se van tomando medidas consensuada entre maestros, padres y alumnas, siguiendo pautas de normas de convivencia, que vienen siendo trabajadas en cada escuela desde el 2012.
Pero no basta ya la tarea del Consejo de Convivencia escolar para evaluar sanciones, ya que los casos exceden incumplimientos leves.
«Lo que nos ha ocurrido en el último mes es que las agresiones han sido más fuertes contra los docentes. Eso nos generó una situación más compleja por eso salimos rápidamente a cambiar al Código de Faltas. Hay que poner límites mayores porque la situación es peor. La ley debe aclarar que es una falta agredir al docente o al personal no docente», cerró Abrile de Vollmer.
La UCR y el PD ya tienen sus proyectos
El diputado radical y presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, Tadeo García Zalazar, presentó un proyecto el viernes pasado que buscar poner un freno a esta situación que atraviesa a las escuelas públicas y privadas y a todos los niveles educativos.
Esta iniciativa es complementaria a otro proyecto también de su autoría, elaborado el año pasado que contempla la creación de un observatorio de convivencia escolar para bajar el nivel de conflictividad escolar. El legislador comentó que con estas dos leyes se abordaría el tema a través de la prevención, por un lado, y, por otro, la sanción de las acciones violentas en los establecimientos escolares.
Por su parte, el diputado demócrata Jesús Riesco, presentó dos proyectos de ley. En el primero habla de la escuela con una creación de una suerte de Consejo de Convivencia escolar (que ya existe) y el segundo proyecto habla de modificar el Código de Faltas para que los padres se hagan responsable de sus hijos en los casos de bullying. Es decir, el proyecto no incluye el caso de violencia de padres contra docentes que busca aplicar hoy el Gobierno. Ambas propuestas surgieron en junio del 2012 y el próximo proyecto de la DGE debería sumarse al del PD, que es primogenio.
Fuente: Diario El Sol