El presidente uruguayo afirmó que es «un acto de estricta justicia” y aseguró que “no hay motivo ni para poner el grito en el cielo ni para romper relaciones ni nada por el estilo”.
Sus declaraciones se dan cuando en los próximos días el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento el proyecto de ley con un nuevo tributo que gravará de manera progresiva el patrimonio de las propiedades rurales, decisión que ya empezó a ser criticada por las cámaras patronales del sector.
Sin embargo, Mujica fue enfático en una entrevista publicada hoy por el diario La República, y afirmó: “Creo que a esa gente que recibió un gran beneficio por el sobrevalor de la tierra pedirle un aporte no es ningún disparate”.
El mandatario uruguayo expresó que mantiene una relación “muy correcta” con los productores rurales, quienes conforman más de 40.000 unidades productivas en todo el país.
Agregó que los que protestan son “120, dentro de las 1.200 empresas grandes, recontragrandes, de más de 2.000 hectáreas que son las que abarca el impuesto”.
Según trascendió, el nuevo impuesto será progresivo según el patrimonio relacionado y un 10% del dinero recaudado será destinado a la creación de una Universidad Tecnológica en el interior del país, y el resto para la compra de maquinaría vial durante 2013.
El nuevo gravamen es la respuesta del Ejecutivo uruguayo luego de que la Suprema Corte de Justicia declarara la inconstitucionalidad del Impuesto a la Concentración Inmueble Rural (ICIR), una herramienta con la que Mujica pensaba recaudar unos 200 millones de dólares para la mejora de caminos y rutas.
Según declaró Mujica al matutino, en el Uruguay hay 9.000 kilómetros de carreteras y 40.000 kilómetros de caminos rurales, y “cada kilómetro de carretera cuesta un millón de dólares».
Fuente: Télam