Mientras el Gobierno espera la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, tal como lo expresó hoy el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el Senado aprobó hoy un proyecto de declaración en el que repudia el fallo dispuesto por Griesa que conformó un estado de «gravedad institucional».
En la misma sintonía, la Cámara de Diputados comenzó a debatir un proyecto de resolución que declara de «gravedad institucional» al fallo del juez Griesa.
En su discurso en el marco de la 18va. Conferencia de la Unión Industrial Argentina, Cristina señaló que «hemos venido pagando puntualmente desde 2005 sin acceder al mercado de capitales con fondos y recursos propios. Y lo vamos a seguir haciendo porque vamos a hacer honor a nuestros compromisos como corresponde a un país que recuperó la autoestima».
Fernández de Kirchner consideró que «resulta inconcebible» el fallo de primera instancia contra «el país que reestructuró su deuda soberana en un 93 por ciento, y que pagó», y tras recordar la reapertura del canje de 2010 consideró el pronunciamiento de Griesa «una inequidad absoluta» para los bonistas que adhirieron a la reestructuración.
«Para dar mayor fortaleza, y demostrar una mayor voluntad de acuerdo y de pago, reabrimos el canje de 2010 para llegar a este 93 por ciento» de aceptación de la reestructuración, y consideró la presentación del lunes que realizó la Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York como «una muestra, mejor aún, de buena voluntad».
El eje central de aquella presentación es que «lo que exige la justicia de primera instancia no es un `pari pasu`, que es igualdad de condiciones en términos legales, sino que se está exigiendo una inequidad absoluta respecto del 93 por ciento que sí acepto», el canje de deuda, enfatizó.
Por su parte, Lorenzino dijo que el Gobierno «aguarda» la decisión de la Cámara de Apelaciones por lo que «no hay una decisión» respecto a la instrumentación de una reapertura del canje de 2010 y que no existe «nada que agregar a lo dicho en estos últimos días».
El Gobierno, a través de los abogados que representan a la República, presentó un escrito solicitando el tratamiento urgente para que se suspendan los efectos de la orden que el juez Griesa otorgó el miércoles de la semana pasada a favor de fondos buitre.
La presentación hecha ante la Cámara de Apelaciones hace eje en las deficiencias de la orden del juez y, en particular, en el hecho de que este carecía de las competencias necesarias para disponer la suspensión de la medida de no innovar que regía el procedimiento por lo que el fallo es nulo.
El fallo de Griesa motivó al Senado argentino a sancionar hoy un proyecto de declaración de repudio a la medida judicial, en una iniciativa propuesta por el jefe de la bancada kirchnerista, Miguel Ángel Pichetto, que declara «la gravedad institucional».
El proyecto entiende que el fallo «pretende obligar a la República Argentina a pagar más de 1.300 millones de dólares a los tenedores de bonos que voluntariamente decidieron no entrar en el canje de la deuda ni en el proceso de reestructuración y cancelación de deuda propuesto por el gobierno de nuestro país».
La declaración autoriza al presidente de la Cámara de Senadores, Amado Boudou, a «interponer ante la Corte Suprema de Justicia», en forma conjunta con el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, «una acción declarativa de certeza con el objetivo de que, en el marco de la gravedad institucional, el Máximo Tribunal disponga que los tenedores de bonos aún no reestructurados no reciban mejores condiciones que los términos del canje 2010».
Al presentar el proyecto en la sesión, Pichetto mencionó que el fallo colocó en «una situación compleja» al país y que «afecta en forma definitiva el proceso de canje y el derecho de acreedores que ingresaron al canje».
Fuente: Télam