El titular de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), Diego Bossio, anunció ayer que “en principio” el organismo a su cargo denunciará ante la Justicia las irregularidades de la asamblea de la empresa Siderar donde se desconocieron los derechos del Estado como accionista de esa empresa.
La presentación sigue a la decisión del grupo Techint de desconocer el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 441, dictado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que modificó el esquema de participación en las compañías donde el organismo previsional mantiene inversiones.
Bossio reafirmó, al hablar por radio Continental, que el DNU “está vigente” porque no hay ninguna decisión judicial que lo haya suspendido y rechazó los argumentos de las autoridades de Techint, quienes señalan que en su criterio no tiene justificación la aplicación de un DNU.
“El decreto está vigente, se tiene que aplicar, su dictado es una facultad del Poder Ejecutivo y no un criterio, hay que aplicarlo porque no se pueden desconocer las normas vigentes”, enfatizó.
Rechazó también las manifestaciones de las autoridades de Techint en el sentido de que quieren discutir el DNU en el Congreso y tras recordar que “Technint no tiene representación en el Parlamento, que el congreso lo integran legisladores” insistió en la necesidad de que “se cumpla” con las disposiciones del decreto.
El funcionario puntualizó también que la nueva norma “no colisiona con los intereses de las empresas” y que la ANSES sólo “está reclamando un trato justo”.
Parar ello, agrego, el Estado, como accionista minoritario, “quiere participar en el directorio, participar en la formulación de las políticas de honorarios, de reparto de dividendos, sugerir inversiones y contribuir a que le vaya bien a cada empresa, porque ello sube el valor de las acciones e incrementa los recursos de los argentinos”.
Luego manifestó la necesidad de terminar con las arbitrariedades que se observan en algunas empresas donde la ANSES tiene invertido mucho dinero, y señaló como ejemplo de ello el conflicto suscitado en Siderar, donde participa con el 25,6 % de su capital accionario, que representa un aporte de 2.700 millones de pesos.
Tras puntualizar que Siderar pretende repartir dividendos por sólo 1.500 millones de pesos, indicó que hay otros 6.500 millones de pesos sobre los que “no dicen que destino le van a dar”, por lo que “no nos oponemos a que se distribuyan esos beneficios sino que nos oponemos que no se cumpla la ley, que establece la obligación de explicarle a los accionistas que van a hacer con esos recursos, y en este caso una parte de ellos es de todos los argentinos”.
(Fuente: Agencia Télam)