Flavia Torfe: “La UCR solo quiere desestabilizar”

Por Luciano Rubio

Las denuncias van y vienen en los ámbitos políticos de Tupungato. Después de que Soto y García acusaron a la directora del Área Social del municipio por haberse presentado a una licitación pública siendo parte de una “sociedad conyugal”, Flavia Torfe habló con El Cuco sobre esta situación y expresó su malestar frente a las denuncias radicadas por los ediles. La funcionaria consideró que se trata de una estrategia política y no descartó la posibilidad de iniciar acciones judiciales contra los representantes de la Unión Cívica Radical.

La titular de Área Social del Ejecutivo de Tupungato se vio envuelta en un escándalo que se generó hace días debido a una denuncia de irregularidad presentada por los representantes de la UCR del departamento. Los ediles Soto y García pidieron que se eleve a la Fiscalía de Estado un pedido de sumario administrativo para Torfe, alegando que no respetó lo que en instancias legales se conoce como “sociedad conyugal”.

Las acusaciones de los radicales aseveraron que la funcionaria se desempeña como empleada pública y su marido, Antonio Nava, como proveedor del municipio. Para la UCR se estaría violando una serie de legalidades como el Estatuto del Empleado Público y la ley 25.163 que prohíben que una persona en el cargo de Torfe mantenga otro vinculo comercial con el lugar donde ya desempeña una función.

Al respecto, la directora del Área Social sostuvo que esta acción de los concejales recae sobre su persona y no sobre esta supuesta irregularidad. Aseguró que esto forma parte de una estrategia política de la UCR del departamento que pretende desestabilizar la imagen del Ejecutivo. “Recaen en un área como la de Acción Social porque es un sector que propone y trabaja. Esto a los ediles no les gusta y por eso se preocupan por desestabilizar antes que proponer”, manifestó Torfe.

 La ejecutiva afirmó que los ediles saben que ella no tiene injerencia sobre los procesos licitatorios. “Yo trabajo con los fondos que me provee la provincia. Además está documentado que nunca licité algo desde Acción Social”, señaló.

Para la titular de Acción Social es llamativo que esta denuncia haya surgido luego de que parte del Concejo Deliberante aprobara la compra y de que el cuerpo letrado del municipio (Asesoría Legal) las haya expedido a favor, sin haber encontrado ningún tipo de irregularidad.

En relación a su marido, Torfe aclaró que hace más de veinte años  que se dedica al rubro comercial y que suele presentarse a los llamados licitatorios de carácter público y privado. Manifestó finalmente, que el partido radical no tiene elementos legales para culparla y que esta situación está provocando malestar en su persona y en sus vínculos familiares. No descartó la posibilidad de iniciar acciones legales contra los denunciantes.