Reorganizar la Justicia, redistribuir el sistema federal, poner en marcha el sistema acusatorio, son las claves del paquete. La Ley del Arrepentido, usada de forma grotesca por fiscales y jueces federales, es otra cuestión central.
El equipo del Ministerio de Justicia, encabezado por Marcela Losardo, está trabajando los proyectos de ley que integrarán el paquete sobre reforma judicial, pero ese paquete no se enviará para ser tratado en las sesiones extraordinarias antes de fin de año.
Lo más probable es que se envíen a comienzos de 2020, tal vez para ser tratadas en las extraordinarias anteriores a la apertura de marzo. Como se anticipó, uno de los ejes estará en poner en marcha el llamado sistema acusatorio, que le quita poder y protagonismo a los magistrados ya que la instrucción de los expedientes pasa centralmente a manos de los fiscales. Sin embargo, lo sustancial estará en una reorganización de la justicia y en una redistribución de todo el sistema federal. La ministra Losardo adelantó que también están estudiando la forma en la que se viene implementando la ley del arrepentido, que consideró que «funciona mal».
La ministra confirmó los adelantos de este diario en diálogo con el programa La inmensa minoría de Radio con Vos, aunque dijo que el proceso podría ser más lento que lo adelantado por el presidente: «nuestro equipo está trabajando los proyectos que no son coyunturales sino de fondo y sobre los que buscaremos consensos». Sucede que las sesiones extraordinarias inmediatas estarán destinadas a las emergencias, básicamente la sanitaria, alimentaria y económica.
En realidad, desde el punto de vista legislativo, poner en marcha el sistema acusatorio no requiere de ley porque ya está aprobada, pero la instrumentación no es sencilla. Por ahora sólo se puso plenamente en marcha en Salta porque el macrismo nunca quiso esa transformación: la coalición judicial-política-mediática alineada con Cambiemos estaba a sus anchas con los jueces de Comodoro Py y de ninguna manera iba a activar un sistema que le quita poder a esos magistrados.
En el sistema acusatorio el que protagoniza la instrucción es el fiscal: pone en marcha las pruebas, toma los testimonios, ordena las pericias. Luego formula la acusación. El juez controla el proceso y decide sobre las cuestiones claves: los pedidos de allanamiento o las detenciones que pide el fiscal. O sea que el fiscal acusa, el defensor defiende y el juez está en el medio controlando, proponiendo medidas cuando considera que el fiscal no las puso en marcha y resolviendo si procesa, si hay que seguir investigando sin procesar ni absolver o si absuelve.
Losardo afirmó que los magistrados no están tan en contra, pero cuando se puso en marcha el sistema en la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, hubo protestas públicas y en off the record de numerosos jueces. Es posible que, como dice la ministra, esta vez haya menos reacción porque el sistema está implementado en todas las justicias provinciales y rige en gran parte de los países. Es como un adelanto frente al cual hay pocos argumentos para resistirse. También Losardo insistió en que no se debe mirar sólo a Comodoro Py: «tenemos varios fueros. El contencioso administrativo, el penal económico, el civil y comercial federal. No todo es Comodoro Py». Sin embargo, está claro que Alberto Fernández, en su discurso inaugural, fundó la necesidad de la reforma en las gravísimas maniobras e irregularidades que se produjeron en el edificio de Retiro, en connivencia con agentes de inteligencia y operadores judiciales.
Losardo también mencionó este miércoles la cuestión de la Ley del Arrepentido, otro instrumento usado de forma grotesca por los fiscales y jueces federales, según denunciaron algunos de los imputados a quienes le ofrecían la libertad si, por ejemplo, mencionaban a Cristina Fernández de Kirchner. La jugarreta se completaba con la falta de grabación de las declaraciones, de manera que se ocultaron las negociaciones ilegales con el fiscal en el caso de las fotocopias de los cuadernos. «Todos sabemos que funcionó mal. Estamos estudiando también eso, aunque no lo tenemos como uno de los primeros temas», explicó la ministra.
La funcionaria reiteró lo dicho por el presidente respecto del abuso en las prisiones preventivas durante estos años. «Todos lo sabemos –dijo Losardo–. Está muy claro que si no hay peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, no hay razón para imponerle la prisión preventiva a alguien. Se llama justamente prisión preventiva, prevenir la fuga y el entorpecimiento. No puede ser una condena anticipada».
Aunque no lo mencionó, parece cantado que en la reforma se incluirá el traspaso de la estructura de escuchas telefónicas. El macrismo se lo quitó a la Procuración porque quería sacárselas a Alejandra Gils Carbó, la procuradora que Mauricio Macri pretendía sacar de su cargo. Mediante un decreto, la estructura pasó a la Corte Suprema, ésta la puso en manos de Martín Irúrzun, camarista de Comodoro Py, y todo derivó en un festival de filtraciones y shows mediáticos, con la difusión de diálogos entre detenidos y sus abogados; entre maridos y esposas; padres e hijos y hasta la ex presidenta CFK con quien fuera secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli. Cristina lo sintetizó así: «Irurzun te escucha e Iruzun te detiene». En todo el proceso, por supuesto, se metió la mano de la Agencia Federal de Inteligencia, a la que se acusa de haber intervenido en el reparto de las escuchas en los medios más cercanos al oficialismo.
El lugar central de la reforma tendrá que ver con la reorganización del sistema federal. Se menciona que las causas ya no serán sorteadas sólo entre los jueces federales sino entre todos los jueces penales, lo que en la ciudad de Buenos Aires significa que entrarán en los sorteos de los expedientes sobre corrupción, no ya los 12 magistrados del edificio de Retiro, sino los 70 jueces penales de CABA.
Fuente: Página 12