La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó anoche el proyecto interpretativo de la Ley de Caducidad, que permitió la amnistía de militares y policías acusados de violar los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985), y que en la práctica significará la eliminación de esa norma.
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La norma contó con los votos afirmativos del izquierdista Frente Amplio (FA), salvo el senador Jorge Saravia, y el proyecto vuelve a la Cámara de Diputados donde se descuenta que será aprobado y derivado entonces al Poder Ejecutivo para su promulgación, indicó un despacho de la agencia DPA. El texto aprobado en el Senado uruguayo declara que «los artículos 1, 3 y 4 de la Ley 15.848, de 22 de diciembre de 1986 presentan una ilegitimidad manifiesta, son incompatibles con los artículos 4, 72, 83 y 233 de la Constitución de la República y carecen de valor jurídico alguno». De completarse la aprobación y así entrar en vigor la nueva norma, todos los casos denunciados que fueron archivados o amparados por la llamada Ley de la Pretensión Punitiva del Estado, promulgada en 1986, podrán ser reabiertos para ser investigados y juzgados los responsables de crímenes, desapariciones, torturas, secuestros y otros delitos. En el Senado, la nueva norma contó con los votos afirmativos del izquierdista Frente Amplio (FA), salvo el senador Jorge Saravia, que mantuvo su negativa, incluso a aceptar la orden de votar a favor por disciplina partidaria. La oposición votó en contra. El debate parlamentario duró aproximadamente 12 horas y tuvo, como una consecuencia inesperada, la renuncia a su banca, anticipada por el ex guerrillero Eleuterio Fernández Huidobro, quien votó por disciplina partidaria, pero estando en contra de la salida que encontró el Frente Amplio al complejo problema. El senador y abogado oficialista Oscar López Goldaracena dijo que la opción era «entre la arbitrariedad y los derechos», y que el único objetivo es «la justicia común como bien innegociable». Su compañero de bancada Rafael Michelini, hijo del legislador Zelmar Michelini, secuestrado y asesinado en Buenos Aires el 20 de mayo de 1976, sostuvo que «es un día histórico» porque «hay que eliminar esa ley definitivamente del ordenamiento jurídico uruguayo». El ex presidente Luis Alberto Lacalle (1990-1995), del opositor Partido Nacional (PN), dijo que la norma interpretativa votada «viola la Constitución» y además «hará que los militares y policías presos recuperen su libertad». El debate estuvo centrado sobre si la nueva ley avasalla la voluntad de los ciudadanos que decidieron en dos plebiscitos (1989 y 2009) mantener la ley, aprobada por el gobierno del ex presidente Julio María Sanguinetti, en 1986. El presidente José Mujica expresó sobre el proyecto tratado en las últimas horas en el Senado que «la decisión corresponde al Parlamento» ya que él es el presidente de todos los uruguayos y por lo tanto no debe intervenir.
(Telam) |