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La Nación presentó el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años

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La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el titular de Justicia, Germán Garavano, y el asesor de esa cartera, Ricardo Gil Lavedra, presentaron este martes el anteproyecto de ley para bajar de 16 a 15 años la edad de imputabilidad en delitos graves.

Garavano recordó que ambos ministerios trabajaron tres años en el programa «Justicia 2020» para diseñar el anteproyecto de ley de Responsabilidad Penal Juvenil con el fin de actualizar el sistema penal que todavía se rige por un decreto de la última dictadura militar.

Por su parte, Bullrich analizó: «Hace dos décadas que el país debate este tema. Este proyecto busca que haya menos delincuentes y no más presos. Tiene un sistema de contención para que los jóvenes que cometen delitos antes de tener 15 años puedan tener una alternativa de vida mejor antes que subir en la escala del delito. Entre el 5% y el 7% de los homicidios en el país son cometidos por menores».

Uno de los puntos centrales del anteproyecto es la edad de imputabilidad, que se establece de acuerdo al monto de las penas fijadas por las leyes a partir de los 15 años, en el caso de que el menor cometiera algún delito reprimido con pena máxima de 15 años de prisión o más en el Código Penal.

La iniciativa que consta de más de 100 artículos, tiene como ejes «contar con una Justicia especializada, abordar los problemas desde una perspectiva multidisciplinaria y restaurativa; fomentar en el niño o el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos; y procurar la integración social de los jóvenes e involucrar activamente a las víctimas», según la información oficial.

Será imputable el adolescente mayor de 16 años y menor de 18 que cometiera un delito de acción pública previsto en el Código Penal y leyes especiales, con excepción de aquellos penados con un máximo de tres años o sancionados con multa o inhabilitación como pena principal.

El anteproyecto fija con carácter excepcional la sanción privativa de la libertad «que sólo podrá imponerse cuando las medidas o sanciones socio-educativas y disciplinarias no resultaren adecuadas para los fines de esta ley o fracasen con anterioridad por razones imputables al adolescente».

Fuente: Diario Uno