Se realizó el pasado martes y estuvo presente la coordinadora de Educación Superior de la DGE, Emma Cunieti.
Los cuatro consejos directivos de los institutos de Educación Superior (IES) del Valle de Uco llevaron adelante una sesión de sus consejos directivos. El encuentro se realizó el pasado martes en las instalaciones del IES T-004 Normal General Toribio de Luzuriaga, de Tunuyán.
Cada consejo se agrupó en mesas de decisión debido a que decidían la propuesta educativa que brindarán el próximo año, para luego elevarla a la Dirección General de Escuelas, para que la Dirección de Educación Superior realice la evaluación correspondiente y otorgue la autorización de las formaciones. Tras las mociones efectuadas, los órganos que regulan a los IES decidieron qué propuestas educativas proyectan impartir en su territorio el próximo año, prácticamente las mismas que actualmente se dictan.
La formalización de este acto académico –que sucede todos los años– ocurrió en un marco distinto al habitual, debido a que los rectorados habían invitado a la Coordinadora de Educación Superior de la DGE, Emma Cunieti, para que participara en la sesión. El objetivo era que la funcionaria del Gobierno de Mendoza explicara las medidas que la DGE impulsa para el Nivel Superior.
La presencia de la funcionaria fue motivo para que la reunión, planteada en un primer momento sólo para los miembros de los consejos directivos, se abriera a la participación de alumnos y representantes del SUTE.
Las autoridades del gobierno escolar dejaron en claro varios conceptos. Por un lado, Emma Cunieti especificó, en reiteradas oportunidades y frente a estudiantes y autoridades, que las carreras prioritarias afectan los subsidios de las carreras de gestión privada. Lo que se evalúa en las carreras de gestión estatal, aclaró la funcionaria, no es la prioridad sino la cantidad de oferta y demanda que existe de una formación. Cunieti destacó que “esta es una oportunidad para debatir el tema públicamente, y que se debe de una vez por todas generar una Ley de Educación Superior”.
Sobre la Resolución 2097
En el encuentro también se habló sobre la Resolución 2097. Durante más de tres horas, la coordinadora de Educación Superior respondió interrogantes y escuchó a estudiantes y a los consejos directivos.
Acompañando a la coordinadora de Educación Superior estuvo Francisco Fernández, director de Asuntos Jurídicos, quien explicó en qué consiste la Resolución 2097, y respondió principalmente interrogantes de los rectores.
“La DGE ejerce la superintendencia, inspección, organización y gobernabilidad del sistema educativo. La medida es sumamente abarcativa, porque tenemos responsabilidad estatal para proteger el derecho de enseñanza y que el trabajador pueda trabajar. Es dar protección al hecho educativo, de cualquier nivel, y de gestión privada y estatal”, especificó Fernández. Agregó que “por primera vez hay un reglamento que establece el funcionamiento de los IES: no se permitirán dentro de la institución educativa acciones o actividades que pudieran obstruir, interrumpir, suspender la prestación del servicio educativo”.
Ante esto, los directivos y miembros del consejo directivo aprovecharon la ocasión para profundizar sobre cómo se aplicará la nueva normativa.
“Ni el Decreto 530 ni las resoluciones que se han dictado, en ningún momento han prohibido la formación y la reunión del centro de estudiantes. Ahora bien, cada instituto que dicta sus normas de convivencia va a determinar un espacio y un horario para que ese centro de estudiantes funcione, adaptado a la institución”, dijo el reponsable de Asuntos Jurídicos de la DGE.
Al respecto, declaró y sintetizó: “Esto es de acuerdo al andamiaje del instituto. Los institutos tienen autonomía y todos tienen su propio termómetro. La aplicación de la norma depende de cada instituto, ya que se respeta a ultranza la autonomía de los institutos”.
“No está prohibido el uso del edificio por el centro de estudiantes. Al contrario, fomentamos su organización, dentro del habitual funcionamiento del instituto, pero ese ejercicio debe hacerse recordando que estamos dentro de una actividad colectiva. El centro puede funcionar perfectamente, en tanto y en cuanto no entorpezca el derecho del resto de la comunidad educativa”, explicó el funcionario.
“Estamos regulando el diálogo, sólo hacemos un ordenamiento, porque no se puede ejercer un derecho en detrimento del ejercicio del derecho de la otra persona”, finalizó.
Fuente: Prensa Gobierno de Mendoza