Hubo 15 años de debates y proyectos truncos. Ahora se establecieron pautas concretas para brindar información desde el Estado.
La Cámara de Diputados, tras una peregrinación de 15 años con proyectos, debates y discusiones; dio sanción final de manera unánime al proyecto de ley de Acceso a la Información Pública, que determinará y sentará bases de transparencia de todos los organismos estatales, además de formalizar la participación activa de la ciudadanía en el requerimiento de información.
Básicamente, esta ley, redactada por los senadores Daniela García (UCR) y Ernesto Mancinelli (Libres del Sur) regula los mecanismos de acceso de cualquier persona a la información pública, considerada como “toda constancia producida por el Estado en cualquier formato cuya producción haya sido emanada o financiada por el Estado cuya finalidad sea el interés público”.
Esto incluye no solamente información respecto al trabajo diario de cada organismo (ya sea un ministerio del Poder Ejecutivo o del propio Tribunal de Cuentas, por ejemplo) sino también en ámbitos económicos, presupuestarios y estadísticos; como acceso a contratos realizados, licitaciones (con importes), adjudicaciones, convenios, subvenciones e informes de auditorías, entre otros.
Esta ley regirá para todo el Poder Ejecutivo, con sus organismos centralizados y descentralizados, el Poder Legislativo, el Poder Judicial (con el ministerio Público Fiscal y el de la Defensa), Fiscalía de Estado, Tribunal de Cuentas, el Departamento General de Irrigación, empresas y sociedades con participación del Estado; y prestatarios o concesionarios de servicios públicos.
Fuente: Los Andes