La provincia recortó los subsidios que otorgaba a las familias carenciadas por el servicio de agua que presta Aysam: de un padrón de unos 11.000 beneficiarios que recibió la actual gestión, la cifra final quedó en apenas 1.700.
A pesar de que sólo el 15 por ciento seguirá con el subsidio, el Gobierno le baja un poco el dramatismo a la medida. Dice que, al final, menos de 4.000 familias que tenían costo cero, o pagaban menos por el agua, deberán empezar a liquidar la factura completa a partir del mes que viene. Y dice que esos casos están justificados.
Eso sí, el corte de subsidios se producirá justo en medio de la aplicación de fuertes aumentos del servicio de agua y cloacas, los cuales treparán al 78 por ciento a fin de año, después de casi un año y medio sin incrementos. Las facturas, al final de este proceso escalonado, superarán los 500 pesos bimestrales.
La limpieza del registro de carenciados demoró casi todo lo que va de la gestión de Alfredo Cornejo y, en números globales, sorprende por su magnitud.
Además, hay entre 5.000 y 6000 jubilados de baja remuneración que no pagan el agua, cifra de beneficiarios que, a pesar del filtro, se mantiene «estable», según la Secretaría de Servicios Públicos.
El trabajo de depuración de padrones de carenciados se hizo en conjunto con los municipios. La ex subsecretaria de Desarrollo Social y actual diputada provincial, Marcela Fernández, quien tuvo a cargo esta misión por parte del Gobierno, afirmó que la reducción en realidad no fue tan abrupta, ya que, en el primer cruce de datos, el registro de 11.000 beneficiarios bajó a unos 5.700, es decir, casi la mitad, porque contenía muchos errores.
Se trataba, según Fernández, de cuentas que estaban activas, pero que, en realidad, en muchos casos no prestaban el servicio. Ocurría, por ejemplo, con los «surtidores comunitarios» de Aysam para asentamientos inestables que ya habían sido erradicados. En ese registro había también, según la ex funcionaria, muchas personas fallecidas y gente que ya no estaba en el domicilio.
«Estoy tranquila porque notificamos a cada beneficiario tres veces y cada municipio había notificado también. Costó mucho llegar a estos datos, pero en un panorama nacional que no venía con buenas perspectivas, fuimos muy cuidadosos», aseguró Fernández.
La ex funcionaria indicó que ahora «hay una explicación por cada uno de los 1.700» que mantendrán el subsidio y no dejó pasar el dato de la herencia justicialista: «Nos encontramos con un listado del 2009, sin filtro ni registración».
Habrá otra oportunidad
El subsidio que otorga la Provincia va desde el 20 hasta el 100 por ciento de la factura de agua y se otorga a partir de un decreto de 2001, que después recibió modificaciones.
Si hacen el trámite correspondiente, no pagan el agua los jubilados que no superan el cinco por ciento más de la remuneración mínima, en tanto que el resto debe cumplir con una serie de requisitos para recibir el beneficio: no ser empleado público, no tener más de una vivienda, no poseer autos de alta gama y tener un ingreso menor al salario mínimo vital y movil.
Los surtidores comunitarios, los asentamientos y las «situaciones críticas» reciben el 100 por ciento de subsidio. Para el resto, el porcentaje depende de cada familia.
«Ningún jubilado ni ningún carenciado dejará de tener el subsidio», recalcó el secretario de Servicios Públicos, Natalio Mema, en relación al recorte que se va a aplicar.
Además, el Gobierno dice que habrá otra oportunidad de entrar al régimen: aquellos que reciban la boleta el mes que viene y reúnan las condiciones para tener subsidios, podrán ser reintegrados a la nómina de beneficiarios. «Los registros seguirán abiertos», prometió Fernández. «Si la gente aparece y acredita su situación, quedará otra vez adentro», agregó Mema.
La deuda con Aysam
El Gobierno provincial calcula que ha acumulado una deuda de 120 millones de pesoscon Aysam por los subsidios a carenciados que nunca pagó. Es mucho el dinero que el Estado se debe a sí mismo, ya que la empresa que presta el servicio de agua a casi 400.000 clientes fue reestatizada en 2010.
El monto de la deuda está en discusión, de todos modos: hay quienes sugieren sentarse a resolverla «con datos concretos», ya que ha habido mucho desmanejo en los últimos años.
En tanto, es indiscutible que Aysam tiene graves problemas de caja y que necesita la plata. El déficit ha ido creciendo, a pesar de los aumentos tarifarios de los últimos años, y podría superar este año los 365 millones de pesos.
En el Gobierno apuestan a conseguir la «convergencia tarifaria» a fin de año, con el aumento del 78 por ciento en las facturas. Es decir, que la empresa cubra sus gastos operativos con los fondos que recauda.
Pero estos gastos no representan el peor problema. Aysam necesita, además, una inversión muy fuerte, principalmente en la red de cloacas: unos 700 kilómetros de la red requieren reparación o renovación.