Por un estrecho margen de seis votos a cinco, los magistrados del alto tribunal rechazan el último recurso del expresidente para frenar su encarcelamiento.
El Supremo Tribunal Federal (STF) del país decidió cerca de la una de la madrugada del jueves -hora local, seis de la madrugada en Europa- rechazar por un estrecho margen de seis votos contra cinco el recurso de Lula contra su ingreso en la cárcel como consecuencia de la condena a 12 años por corrupción que le fue impuesta el pasado enero. Es posible que su paso por la prisión sea efímero, tal vez apenas unas semanas, porque a la defensa del expresidente le quedan algunas balas que gastar en esa dirección. Pero las posibilidades de evitar ese trance parecen ahora mínimas para quien llegó a ser hace una década uno de los líderes políticos más populares del planeta.
La previsible entrada en prisión de Lula tendrá enormes consecuencias políticas ya que deja prácticamente fuera de la carrera electoral al candidato que, según todas las encuestas, encabezaba las preferencias de voto para las elecciones presidenciales del próximo octubre. La trascendencia y el simbolismo del acontecimiento, con todo, van mucho más allá.
La enorme herida abierta en los últimos años en la sociedad brasileña se ensanchará con toda seguridad. Unos, sus partidarios -al menos un tercio del electorado, según las investigaciones demoscópicas- lo vivirán como un trauma inimaginable, una especie de venganza de la elite contra el obrero metalúrgico sin estudios que saliendo del último escalón social, en un país de un clasismo atroz, logró gobernar con éxito durante ocho años. Otros, los que han venido paseando por todos los rincones del país los muñecos con la efigie del expresidente vestido de traje de rayas, celebrarán su triunfo. Muchos lo interpretarán como la señal de que las investigaciones judiciales contra la corrupción no se van a detener y que los tribunales han sentado un ejemplo ante la sociedad demostrando que «nadie está por encima de la ley». Pero también resonarán de nuevo las voces que consideran a Lula solo un chivo expiatorio dentro de un sistema político donde casi ninguna figura de relevancia está a salvo de sospechas. La extemporánea intervención del Ejército en las horas previas a la sesión, presionando por el encarcelamiento de Lula, reforzará los argumentos de estos últimos
En uno de los pocos países del mundo en el que las sesiones plenarias de su Tribunal Supremo son retransmitidas por televisión, los brasileños que tuvieron el suficiente interés y paciencia pudieron asistir a un interminable debate de casi 11 horas de duración: comenzó a la dos de la tarde del miércoles y acabó cerca de la una de la madrugada de este jueves. Lo que el STF analizaba no era en realidad el fondo de la sentencia que consideró a Lula culpable de aceptar el regalo de un apartamento en la playa como soborno de una constructora beneficiada con contratos de la petrolera pública Petrobras. El Supremo simplemente debía examinar una solicitud de habeas corpus de Lula, es decir, la petición de dejar sin efecto la orden de prisión emitida por los jueces de segunda instancia que lo condenaron, hasta que el expresidente agote su derecho a recurrir a otro tribunal superior.
Uno a uno, los magistrados fueron emitiendo sus votos en larguísimos discursos donde se mezclaron exhaustivas referencias de literatura jurídica, consideraciones estrictamente políticas, ataques a la prensa o reflexiones sobre los grandes problemas del país, desde la desigualdad social a la violencia, e incluso sobre episodios de su historia. La suerte de Lula pareció echada cuando la quinta de los 11 magistrados en intervenir, Rosa Weber, que todos los pronósticos situaban como la de posición más dudosa, anunció su voto contrario a la solicitud del expresidente. Pero la teatralidad del momento no se vio defraudada con un desenlace prematuro: la votación llegó empatada al final y fue la presidenta del STF, Cármen Lúcia, la que inclinó la balanza.
Danzas y lágrimas
Fuera del tribunal, en las calles de Brasilia, se volvían a repetir las escenas que hace tiempo recorren el país. Los contrarios a Lula, envueltos en el verde y amarillo de la bandera brasileña, se apresuraron a danzar y tocar tambores cuando la derrota del expresidente empezó a tomar cuerpo. Casi al mismo tiempo, entre los partidarios del líder del Partido de los Trabajadores (PT), embutidos en camisetas rojas y portando efigies de su ídolo, corrían las primeras lágrimas. A los que se manifestaban para pedir la prisión de Lula se sumó al comienzo de la tarde un sonriente Jair Bolsonaro, el candidato ultraderechista a la presidencia que muy probablemente pasará ahora a encabezar las encuestas de intención de voto, con un 20%.
Varios de los magistrados hicieron referencia al carácter «histórico» de la sesión. Luis Roberto Barroso, uno de los que votaron contra el recurso de Lula, no dudó en elogiar los «éxitos económicos» y los logros en políticas de «inclusión social» durante los gobiernos del líder del PT. «Pero aquí no venimos a juzgar el legado político de un presidente, sino a aplicar la jurisprudencia», advirtió Barroso, quien consideró que la decisión suponía «un test de madurez de las instituciones». Permitir que un condenado en segunda instancia no tenga que ingresar en prisión consagraría la impunidad, «frustraría a la sociedad» y minaría los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, concluyó Barroso en una argumentación que luego repitieron varios de sus colegas.
Los que votaron a favor del recurso de Lula alertaron, como el magistrado Ricardo Lewandowski, del riesgo de rebajar «el sagrado derecho a la libertad». Encarcelar a alguien sin sentencia firme, argumentaron, vulnera también el derecho constitucional a la presunción de inocencia, además de agravar el problema de la masificación en las prisiones en un país con la tercera mayor población carcelaria del mundo. Varios de ellos apelaron además a que los tribunales no pueden plegarse a presiones de la calle.
Dura réplica al Ejército
Uno de los que votaron por frenar el encarcelamiento de Lula, el magistrado decano del STF, Celso de Mello, que acostumbra a actuar como portavoz informal de la Corte en algunos conflictos, realizó una dura declaración para responder al comandante en jefe del Ejército brasileño, Eduardo Villas-Boas, que en vísperas del juicio había lanzado un alegato «contra la impunidad» en un claro gesto de presión a los jueces. De Mello evocó el recuerdo de la dictadura que sometió al país entre 1964 y 1985 como una experiencia que «no puede ser ignorada ni por esta ni por futuras generaciones» y arremetió contra las «declaraciones impregnadas de insólito contenido admonitorio que infringen claramente el principio de separación de poderes». «Es inaceptable», concluyó el magistrado en tono muy firme.
Solo minutos después de conocerse la decisión del Tribunal, el PT emitía su primera declaración: «Es un día trágico para la democracia». Parece seguro que Lula irá a la cárcel en los próximos días, pero la batalla no se detendrá.
Fuente: El País