Opinión: «Hablemos de minas»

Por Rayén Castro

Comenzar un artículo de opinión con un aserto en primera persona puede resultar de dudoso gusto y hasta dar una mala señal sobre su eventual calidad, pero ahí va: escribo esto, primordialmente, para lectores kirchneristas. Otros también podrán leerlo, por cierto, pero desde ya adviertan: no abrevarán de aquí argumentos para lo que parece ser el hobby opositor de 2012: correr al gobierno por izquierda; algo mitigado, desde ya, por la reciente expropiación de YPF (algunos aún están recogiendo sus restos ante el estupor).

A partir de la visibilidad nacional que obtuvo el conflicto existente en la localidad riojana de Famatina, la cuestión de la minería a cielo abierto, soterrada durante largo tiempo, se puso en boca de hasta los más despistados. Para los mendocinos no se trataba de ninguna novedad: el largo camino hacia la ley 7722 así lo atestigua y su sola mención exime de mayores comentarios. Sin embargo, para otros representó una sorpresa, en particular para los habitantes de las grandes ciudades, en especial Buenos Aires, metrópoli donde al parecer reside no sólo dios, sino también, de izquierda a derecha, los comisarios políticos de la Argentina.

Entre los desconcertados destacaron varias agrupaciones afines al kirchnerismo que, prestos a justificar la política oficial en la materia, apuraron la organización de charlas con títulos del tipo “Mitos y verdades de la minería en Argentina”. El lector perspicaz imaginará de qué se compondrá una y otra columna. El colectivo opositor, en tanto, descolló con varios émulos de Chico Mendes de camaleónica vocación, algunos de ellos ex neoliberales devenidos antiimperialistas avant la lettre, desesperados por subirse al tópico del momento desde el cual asestarle algún cross al gobierno nacional. Pero bueno, una vez salida la cuestión de la agenda pública, todo parece haber vuelto a la normalidad. No hay tema con el que no suceda y éste no fue la excepción. Quedó, eso sí, una estela en el aire, poblada de frases altisonantes y eslóganes de escaso espesor.

Ahora que nadie puede hacerse el desentendido, es por demás necesario abordar tan compleja cuestión fuera de los canales por los que lo ha sido hasta el momento.

Los tres párrafos siguientes intentan hacer un aporte que, sin ser original ni pretenderlo, buscan sumar su granito de arena a la madeja de discursos que circulan sobre minería a cielo abierto en nuestro país.

Es necesario desterrar cierto lugar común existente hacia el interior del colectivo oficialista que sostiene o tiende a asociar a los movimientos ecologistas o “asambleas por el agua” como simples ecos de una sensibilidad de las clases medias urbanas o como temas propios de la agenda del llamado “progresismo blanco”. Connotar a los movimientos vecinales o locales con ONGs internacionales como Greenpeace, resulta de un prejuicio del imaginario nacional-popular (muy amigo del discurso confabulatorio) que vincula a estas últimas a estrategias del mundo postindustrial en pos de obstaculizar el desarrollo de las naciones postergadas con la supuesta excusa del ecologismo. Esta posición despoja de la complejidad que amerita el análisis del tema en nuestro país y elimina la posibilidad de intercambios con las asambleas, las cuales, si bien con posiciones un tanto inflexibles frente a la política que en el sector lleva adelante el gobierno nacional, no dejan por ello de pertenecer al campo popular, herederas de los movimientos de comienzos de siglo e incluso de los que se desplegaron sobre las postrimerías de la década del 90.

Pensar una política minera en nuestro país exige el cotejo con la situación del sector en el resto del continente. Ello pondrá de relieve que las resistencias que en general la actividad ofrece en las comunidades lindantes a los emprendimientos son moneda corriente en buena parte de la región, jaqueando en algunos casos a gobiernos que el sentido común no dudaría en ubicar a la izquierda del argentino. Esto desmiente las argumentaciones que desacreditan la política oficial local tildándola de neoliberal sólo por su actitud proactiva para con la minería a cielo abierto. De ser así, habría que sostener que tanto Evo Morales como Rafael Correa son neoliberales por enfrentar problemas similares en el desarrollo de sus respectivos proyectos mineros, un absurdo que pocos podrían permitirse sin sonrojarse. En todo caso, sería válido así conceptuarla si únicamente puede pensarse a la mentada actividad a la luz de su actual marco jurídico, donde el juego entre el vigente código minero y el art. 124, 2° párrafo de la Constitución Nacional (“Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio”) no hacen sino redundar en excesivas ventajas al capital inversor, que a exenciones impositivas y garantías leoninas suma los beneficios que implica negociar con poderes locales, con los cuales resulta más accesible cualquier entendimiento dado lo tentador que puede resultar un flujo de capitales hacia las arcas de estos, que, aún siendo desproporcionado respecto de las ganancias globales que resultan de la explotación, no deja de representar un monto digno de atención para el activo total de un presupuesto provincial.

Ante los múltiples posicionamientos que pueden desprenderse de las variables descriptas (que pueden resumirse en dos: la cuestión ambiental y la cuestión económico-tributaria) y los límites que plantea para una política estratégica nacional la citada cláusula constitucional (y las dificultades que implica hoy pensar en una eventual reforma de la carta magna), es dable pensar en la necesidad de una solución pragmática que, aún sin resolver la cuestión de fondo, zanje al menos las controversias de casos concretos en los territorios donde hoy el particular resulta de difícil resolución por los canales convencionales. Una propuesta en esta dirección es la de poner en práctica mecanismos de democracia semidirecta análogos a los que introdujo en 1994 la Constitución Nacional en su art. 40 (bajo la forma de “consulta popular“), sometiendo cada proyecto de minería metalífera a cielo abierto o la actividad en general a la aprobación del electorado provincial o municipal. Sin embargo, no puede obviarse que la solución propuesta se enfrenta ante una  desigualdad fácil de advertir: la que existe entre los recursos que puedan desplegar empresas multinacionales contra los que disponen las asambleas y organizaciones locales que se oponen al desarrollo de estos emprendimientos en una eventual consulta. Asimismo, tan o más difícil es desconocer que, si de democracia hablamos, nada puede ponerse por encima de la voluntad popular. En democracia, apenas por convención, apenas por acuerdo, resolvemos que transitoriamente tendrá razón quien contenga la mayor cantidad de voluntades, sólo eso -y nada menos que eso. Ante tan controvertida cuestión cuyo cierre puede estimarse lejos de ser avizorado, parece la solución más respetuosa para que cada jurisdicción pueda decidir sobre su destino productivo y ambiental.