El principal problema, que no ha explicado bien el Gobierno, es el período que se toma para calcular los aumentos con la nueva fórmula de actualización de las prestaciones sociales.
Hay 5 aspectos clave que deben ser tenidos en cuenta para el análisis de la Reforma Previsional que se fue aprobada por la Cámara de Diputados.
1 – La fórmula que rige para la actualización de las llamadas prestaciones sociales (jubilaciones, pensiones y asignaciones universales), que se aplica en marzo y septiembre de cada año, considera el 50% de la variación de la recaudación tributaria de Anses por beneficio y el 50% del cambio de los salarios (Ripte o Indec, el mayor). Es un mix de los aumentos de los recursos tributarios y los salarios en blanco. El aumento, según los cálculos de consultoras privadas, llegaría a un 15% con el índice actual.
2 – La nueva fórmula se aplicará en marzo, junio, septiembre y diciembre. Se calcula con una combinación del 70% de la inflación y el 30% del Ripte, que es el aumento salarial de los trabajadores del sector formal. Busca que los aumentos se relacionen con la inflación en lugar de la recaudación. El aumento con esta actualización para las prestaciones es del 5,7 por ciento.
3 – En junio del 2018 las prestaciones aumentarán nuevamente, pero ese incremento se realizaría considerando la variación salarial y de la inflación entre octubre y diciembre de 2017 y no de enero a marzo 2018, que es lo que correspondería según la fórmula actual. Por lo tanto, las actualizaciones tendrán siempre un semestre de atraso y no habrá un factor de empalme. Esto es una señal de alerta para el Gobierno porque dejaría la puerta abierta a futuros juicios contra Anses.
4 – El cambio en la fórmula de ajuste no resuelve el principal problema que tiene el actual sistema de jubilación de reparto que es garantizar el 82% móvil a todos los jubilados que cobran la mínima, ya que la Anses no cuenta con los fondos para hacerle frente a ese gasto.
5 – El esquema actual contemplaba otorgar en marzo unos 5.000 millones de pesos a unas 9 millones de personas con un bono que colocará el Estado en compensación por el desfase entre el 5,7% de aumento que se otorgaría con el índice nuevo y el 14% que debería ajustarse con la fórmula actual.
Fuente: Infobae