El incremento anunciado por el Gobierno luego de las audiencias públicas.
Tras la segunda etapa de la audiencia pública por la Revisión Tarifaria Integral (RTI) del gas, se determinó una suba de las facturas a partir de diciembre de 45% para usuarios residenciales y del 58% para comercios.
En esta oportunidad se trató uno de los cuatro puntos que influyen en el precio final de la boleta, el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), o precio del gas en boca de pozo. El lunes pasado se había discutido por el valor del transporte y distribución.
Sumando estos dos ítems (producción y transporte), las facturas de diciembre serán en promedio un 45% más caras para clientes residenciales del país y un 58% más altas para la casi totalidad de los comercios, según fue informado ayer oficialmente.
“A partir del último mes del año, los clientes residenciales de los segmentos de menor consumo (el 56% del total) pagará sin impuestos $ 227 mensuales (o $ 134 si se aplica la tarifa social)”, sostuvo Marcos Porteau, subsecretario de Exploración y Producción del Ministerio de Energía y Minería de la Nación.
El funcionario precisó que los usuarios de las categorías R3-1 a R3-3 (31% del total) tendrán una factura media mensual de $ 672 sin impuestos ($ 432 con tarifa social) y la categoría R 3-4 (el 13% del total) pagará $ 1.555 o $ 1.246 con tarifa social.
José Luis Ramón, diputado nacional electo y representante de Protectora, se refirió a la suba del 45% anunciada por el gobierno. “No es un porcentaje fijo. Hay que tener en cuenta las diferentes categorías. Lo que sí es importante de remarcar es el tope en el aumento del 400%», comentó.
«Si la factura de diciembre supera el 400% con respecto al mismo mes del año anterior, queda sin efecto», sentenció Ramón, quien además calificó a la audiencia como «una ficción».
Por su parte, Gisela Lamberti, de la Asociación Civil de Consumidores Mendocinos, denunció que las subas se realizan sin medir «el impacto real en los hogares».
Los defensores de los consumidores volvieron a reclamar además por una tarifa diferencial para Mendoza. “La situación fue avalada por un juez federal en 2016 pero no lo cumplen”, protestó José Luis Ramón.
Fuente: Los Andes