Organizaciones medioambientales denunciaron al gobierno con la Fiscalía de Estado señalando que se aprobó el proyecto de forma ilegal e inconstitucional.
Las alertas se prendieron el 31 de julio cuando el Boletín Oficial publicaba la autorización para que un proyecto petrolero que se desarrolla en Malargüe comience a utilizar la técnica de “Estimulación hidráulica”, comúnmente conocida como Fracking y muy discutida en el mundo entero.
La fracturación hidráulica, fractura hidráulica o estimulación hidráulica (también conocida por el es una técnica para posibilitar o aumentar la extracción de gas y petróleo del subsuelo.
Consiste en la perforación de un pozo vertical u horizontal, entubado y cementado, a más de 2500 metros de profundidad, con el objetivo de generar uno o varios canales de elevada permeabilidad a través de la inyección de agua a alta presión, de modo que supere la resistencia de la roca y abra una fractura controlada en el fondo del pozo, en la sección deseada de la formación contenedora del hidrocarburo. Este agua a presión es mezclada con algún material apuntalante y productos químicos, con el objetivo de ampliar las fracturas existentes en el sustrato rocoso que encierra el gas o el petróleo, y que son típicamente menores a 1 mm, y favorecer así su salida hacia la superficie.
En Malargüe, el emprendimiento está en manos de la petrolera El Trébol y desde la Dirección de Protección Ambiental se excusaron, según consta en la Resolución N° 789 con fecha del 18 de julio, con que no existe una regulación en Mendoza que establezca “la protección ambiental en la Estimulación Hídrica”.
En párrafos posteriores especifica: “Que en materia Petrolera por Decreto Nº 170/08 se requiere la presentación de una Manifestación General de Impacto Ambiental para las áreas nuevas a concesionar”.
Es decir, a través de estos argumentos, la aplicación del Fracking por primera vez en Mendoza comenzó sin un Estudio de Impacto Ambiental ni asamblea pública como se realiza con cada nuevo proyecto petrolero sino que se lo tomó como un cambio de técnicas extractivas.
Esto provocó un enorme enojo en varias organizaciones medioambientalistas. La primera en tomar acciones al respecto fue Cullunche, quien denunció ante la Fiscalía de Estado el hecho.
Por su parte, los regantes del Atuel, con el patrocinio de Marcelo Romano, presentaron un amparo para que se detenga la actividad. La otra presentación de amparo, pero en esta oportunidad en la justicia de San Rafael, la realizó la Federación Argentina de Espeleología, con el patrocinio de Carlos Benetto.
En tanto, en las próximas horas las distintas asambleas por el agua llevarán ante la justicia al secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, y a la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, porque entienden que incumplieron con su deber de funcionario público.
Los argumentos de los ambientalistas
Este miércoles se reunieron frente a la Legislatura unas 500 personas para manifestar su preocupación ante la forma en la que se permitió desarrollar esta actividad en territorio malargüino.
“Es un atropello y una falta de respeto hacia los mendocinos. Esos pozos necesitan un nuevo estudio de impacto ambiental y audiencia pública”, comentó Mariano Nagalich, uno de los ambientalista convocados.
Por su parte, Julieta Lavarello, participante de las Asambleas por el Agua, especificó: “Acá se violaron los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Nacional, que establecen los derechos que tenemos los ciudadanos a saber y a tener acceso a la información cuando hay cosas tan importante en juego”.
Uno de los más duros con respecto a esta situación fue Benetto, quien acusó al Ejecutivo de “cocinar” el proyecto “a oscuras en la Secretaría de Ambiente”. “Nos quieren meter el Fracking por la ventana. Si es tan inocuo porque no lo dan a conocer mejor”, se quejó.
Según Benetto, lo más preocupante de la situación es el caso omiso a la Ley Nacional 25675 y la provincial 5961, las cuales establecen la obligatoriedad de realizar un estudio de Impacto Ambiental y audiencia pública antes de comenzar la extracción.
Organizaciones medioambientales denunciaron al gobierno con la Fiscalía de Estado señalando que se aprobó el proyecto de forma ilegal e inconstitucional.
Las alertas se prendieron el 31 de julio cuando el Boletín Oficial publicaba la autorización para que un proyecto petrolero que se desarrolla en Malargüe comience a utilizar la técnica de “Estimulación hidráulica”, comúnmente conocida como Fracking y muy discutida en el mundo entero.
El emprendimiento está en manos de la petrolera El Trébol y desde la Dirección de Protección Ambiental se excusaron, según consta en la Resolución N° 789 con fecha del 18 de julio, con que no existe una regulación en Mendoza que establezca “la protección ambiental en la Estimulación Hídrica”.
En párrafos posteriores especifica: “Que en materia Petrolera por Decreto Nº 170/08 se requiere la presentación de una Manifestación General de Impacto Ambiental para las áreas nuevas a concesionar”.
Es decir, a través de estos argumentos, la aplicación del Fracking por primera vez en Mendoza comenzó sin un Estudio de Impacto Ambiental ni asamblea pública como se realiza con cada nuevo proyecto petrolero sino que se lo tomó como un cambio de técnicas extractivas.
Esto provocó un enorme enojo en varias organizaciones medioambientalistas. La primera en tomar acciones al respecto fue Cullunche, quien denunció ante la Fiscalía de Estado el hecho.
Por su parte, los regantes del Atuel, con el patrocinio de Marcelo Romano, presentaron un amparo para que se detenga la actividad. La otra presentación de amparo, pero en esta oportunidad en la justicia de San Rafael, la realizó la Federación Argentina de Espeleología, con el patrocinio de Carlos Benetto.
En tanto, en las próximas horas las distintas asambleas por el agua llevarán ante la justicia al secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, y a la directora de Protección Ambiental, Miriam Skalany, porque entienden que incumplieron con su deber de funcionario público.
Fuente: Diario UNO