24 de Marzo: “Memoria, Verdad y Justicia”

A 36 años del Proceso de Reorganización Nacional diversas opiniones y aforismos resuenan parapléjicos. Escuchar aún hoy  testimonios que afirman que “en esa época estábamos mejor” o el tan reproducido “algo habrán hecho”, parecen haber borrado una cruenta parte de la historia de nuestro país. Sin embargo, por la memoria, la verdad y la justicia, este 24 de marzo se conmemora el genocidio más grande y sangriento de la Argentina y a las 30 mil víctimas del terrorismo de Estado de 1976.

El 24 de marzo de 1976 Isabel Perón fue detenida y la Junta de Comandantes asumió el poder. Integrada por el Teniente Gral. Jorge Rafael Videla, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el Brigadier Gral. Orlando R. Agosti, la Junta designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla; dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea compondrían el futuro gobierno con igual participación y comenzó con el audodenominado «Proceso de Reorganización Nacional».

Durante este período José Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía y el 2 de abril, anunció su plan para contener la inflación, detener la especulación y estimular las inversiones extranjeras. La deuda empresaria y las deudas externas pública y privada se duplicaron. La deuda privada pronto se estatizó, cercenando aún más la capacidad de regulación estatal.

Con ese clima económico, la Junta Militar impuso el terrorismo de Estado desarrolló un proyecto planificado dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas: políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el «orden», sin ninguna voz disidente.

El gobierno secuestró, torturó y ejecutó clandestinamente a decenas de miles de personas, sospechadas de ser guerrilleros o activistas civiles sin relación con las organizaciones armadas y estableció centros clandestinos de detención para llevar a cabo estas tareas. Las personas detenidas en estos centros clandestinos fueron conocidos como «los desaparecidos» y gran cantidad de ellos fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes o arrojados al mar desde aviones militares. Otro perverso mecanismo implementado fue el de la apropiación de los bebés de madres en cautiverio por parte de la misma estructura militar. De esos más de 500 niños apropiados, casi 100 ya han recobrado su verdadera identidad gracias a la labor de las Abuelas de Plaza de Mayo.

En 1982 el gobierno militar emprendió la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido. La derrota infligida provocó la caída de la tercera junta militar y meses más tarde la cuarta junta llamó a elecciones para el 30 de octubre de 1983, en las que triunfó el candidato de la Unión Cívica Radical, Raúl Alfonsín.
Los miembros de las tres primeras juntas del Proceso fueron enjuiciados por los delitos cometidos durante su gobierno, como consecuencia del Decreto 158/83 del presidente Alfonsín, que también creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas entre 1976 y 1983. Como resultado del Juicio a las Juntas, cinco de sus integrantes fueron condenados y cuatro absueltos. Los restantes responsables fueron enjuiciados en diversos procesos. En 1986 y 1987, a iniciativa del presidente Alfonsín, se dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia Debida dando fin a los juicios por crímenes de lesa humanidad.

En 1989 y 1990 el presidente Carlos Menem dictó una serie de indultos que beneficiaron a los funcionarios del Proceso y a los jefes guerrilleros que continuaban judicialmente comprometidos. La situación de impunidad en Argentina determinó que los familiares de los desaparecidos buscaran apoyo en el exterior, por lo que desde 1986 se iniciaron procesos penales contra miembros de la dictadura militar en España, Italia, Alemania, Francia, por desaparecidos de esos países. En 2004 el Tribunal de la ciudad de Núremberg, Alemania emitió órdenes de captura y extradición contra Jorge Rafael Videla y Emilio Massera.

En 2003, tras iniciativas del Presidente Néstor Kirchner, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida fueron derogadas por el Congreso de la República Argentina y los juicios se reabrieron, en tanto que la justicia comenzó a declarar inconstitucionales los indultos por crímenes de lesa humanidad que habían cometido los militares durante la última dictadura. En 2006 se han reabierto 959 causas penales, que siguen en marcha. En ese mismo año, se estableció el 24 de marzo como el Día Nacional de la Memoria y la Justicia y como feriado nacional a través de la Ley 26.085