En enero pasado, bajo la conducción de Carlos Regazzoni, el PAMI firmó con los laboratorios un acuerdo para la provisión de medicamentos para lo que resta del año. Tres meses después, el nuevo titular del organismo, Sergio Cassinotti, decidió dar de baja esa decisión y puso en pie de guerra a las tres cámaras empresariales.
Cassinotti les notificó su decisión vía carta documento a Caeme (laboratorios extranjeros), Cilfa (nacionales) y Cooperala (cooperativas). Ante esto, las empresas esgrimieron como amenaza «suspender el cumplimiento de las prestaciones a nuestro cargo» a los jubilados y exigieron el pago de una deuda de casi $ 1.000 millones.
Para las empresas, que se amparan en el artículo 1031 del Código Civil y Comercial, la carta documento de rescisión del contrato es «improcedente, abusiva y contraria al principio de buena fe», según publicó hoy el diario La Nación. Y advierte que «de persistir el instituto en su incumplimiento, la industria no aceptará ni procesará recetas de medicamentos que hayan sido dispensados a beneficio del instituto a partir del plazo indicado precedentemente, deslindando de todo tipo de responsabilidad los daños que puedan ocasionarse como consecuencia de vuestros incumplimientos», subraya el texto. Ese plazo vencería el próximo jueves.
Según el texto, el convenio ya se renegoció en cuatro oportunidades, «incumpliendo en cada caso los acuerdos previamente alcanzados, afectando indebidamente la necesaria previsibilidad de las partes y la seguridad jurídica». Y agrega que «en todas las ocasiones los laboratorios se sentaron a negociar de buena fe» y otorgando «cuantiosos descuentos».
Los laboratorios se quejaron de que «es insostenible afirmar que en sólo tres meses dichas condiciones hayan cambiado de manera que pueda ocasionar un desequilibrio», al referirse al acuerdo que firmaron en enero con Regazzoni.
Se espera que en los próximos días sigan las negociaciones entre ambas partes para tratar de llegar a un acuerdo.
Fuente: Ámbito