Las irregularidades del recital de Olavarría que terminó con dos fallecidos son indagadas por la fiscal Susana Alonso. Hoy, además, se presentó una denuncia penal para que la Justicia federal investigue posibles delitos nacionales cometidos en el evento.
Carlos Alberto “Indio” Solari fue demandado por evasión fiscal agravada, defraudación al Estado nacional y desvío de fondos hacia el exterior. El documento presentado en Comodoro Py, al que tuvo acceso El Destape, acusa también a los productores Marcos Estanislao Peuscovich y Matias Peuscovich; los empresarios inmobiliarios Julio Carfi y Eduardo J. Carfi; y el intendente de Olavarría, Ezequiel Galli.
En la investigación que lleva a cabo Alonso se decidió la imputación de los organizadores En Vivo SA, que incluyó el allanamiento a su domicilio comercial, en Viamonte al 400, de la Ciudad de Buenos Aries. En la denuncia federal presentada hoy por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático, se pide indagar a la financiera Grupo Dax Recuperación Crediticia SA, que funciona en la misma dirección.
Según la demanda, se organizan espectáculos en predios que no están preparados para multitudes en pequeñas localidades, por lo que se desconoce la cantidad de asistentes en la previa de los conciertos.
En Olavarría, el intendente es considerado por el denunciante partícipe necesario y sospecha del cobre de coimas. Galli exoneró a la organización de la tasa municipal del 5%, lo que perjudicó por no recaudar al menos $ 6,2 millones (con 155.000 tickets vendidos) y presentó a la municipalidad como fiador por el alquiler del terreno, que pertenecía a una cooperativa quebrada, a $ 300.000. Por la sobreventa de más de 100.000 entradas, “es posible que no hayan tributado en ningún caso a la AFIP respecto a sus obligaciones”, agregó en el documento.
Además, el titular de la ONG, Fernando Míguez, apuntó a la evolucionó patrimonial de Solari y sus propiedades en la Argentina y el extranjero.
La hipótesis de la denuncia es que recaudan más dinero que el declarado en los conciertos. Luego, este es lavado mediante la compra de inmuebles a los martilleros Cafi, donde quedan blanqueados los billetes negros.
El Juzgado de Rodolfo Canicoba Corral y la Fiscalía de Federico Delgado fueron los sorteados para indagar en la demanda, luego de que Míguez la ratifique esta semana. En caso que los funcionarios la impulsen, en principio la causa irá en paralelo a la investigación por la muerte de Javier León y Juan Francisco Bulacio.
Fuente: El Destape