Un proyecto de reforma de la Constitución provincial impulsa entre sus principales propuestas el traslado de la capital política de Mendoza al Valle de Uco. Con la intención de llevar adelante un proceso de descentralización, el diputado justicialista Gustavo Arenas (autor del proyecto) explicó que San Carlos constituye un punto equidistante de los oasis Norte y Sur y de los corredores bioceánicos (Cristo Redentor y Pehuenche), además de ser el municipio más antiguo de la provincia, por lo que resultaría un lugar propicio para el traslado de la capital legislativa.
El proyecto de reforma de la Constitución Provincial presentado por el diputado Gustavo Arenas prevé intervenir profundamente en algunos puntos esenciales de la Carta Magna relacionados con la actualidad de la provincia. Incluye la definición del rol del vicegobernador de la provincia, el debate para trasladar la capital de la provincia y la Legislatura al interior, la prohibición de que ex funcionarios de gobiernos de facto ejerzan cargos públicos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, y la mejora de los sistemas de control de la Administración Pública, entre otros puntos a modificar.
El proyecto se basa en una necesidad que ha sido expresada por diversos sectores sociales, económicos y políticos, y que queda evidenciada a la luz de la gran cantidad de reformas a las que fue sometida en los últimos años la Carta Magna desde su sanción, en 1916.
Avanzar en este sentido implica que, en la próxima elección de diputados, el Poder Ejecutivo les dé a los votantes la oportunidad de que se expidan a favor o en contra de constituir la Convención Constituyente que tendrá el objetivo de cristalizar una reforma que adaptará la letra constitucional a la dinámica actual de los nuevos tiempos.
Entre los puntos más importantes que están contemplados en el proyecto como objetos de debate se incluye la definición concreta del rol que debe desempeñar el vicegobernador de la provincia, para aportar claridad en el desempeño de cada cargo de cara al futuro.
También se destaca la posibilidad de debatir con relación a la conveniencia de que la capital de la provincia siga siendo la Ciudad de Mendoza o sea trasladada a un departamento del interior, para descentralizar en los hechos el aparato burocrático del Estado que entre otros aspectos permitirá fortalecer el federalismo.
Este punto también incluye la posibilidad de que la sede de la Legislatura tenga un nuevo asiento en otra ciudad, como San Carlos, por ser un punto geográfico que está equidistante del los oasis Norte y Sur provinciales, y de los dos corredores bioceánicos (Cristo Redentor y Pehuenche). Además, ese hecho se constituiría en un reconocimiento explícito a esa jurisdicción por ser el departamento más antiguo de Mendoza.
Otros de los aspectos más novedosos que incluye el proyecto de ley del diputado Gustavo Arenas es declarar la prohibición absoluta de admitir en cargos públicos a quienes fueron funcionarios durante gobiernos de facto, en sintonía con la política de respeto, reconocimiento y promoción verdadera de los derechos humanos que se lleva adelante en la órbita nacional.
En este sentido, la reforma constitucional planteada por el legislador contempla además mejorar los mecanismos para lograr que se cumpla efectivamente la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todo el territorio mendocino, con el fin de terminar así con actitudes de postergación y discriminación que en algunos casos están enraizadas en la sociedad.
Simultáneamente, actualizar y mejorar los sistemas de control de la Administración Pública, así como reconocer y garantizar el derecho a ser diferente, con la prohibición de discriminar por motivos de raza, etnia, orientación sexual, ideología, nacionalidad, credo religioso o cualquier otra consideración, son parte de la nómina de reformas.
Estas acciones incluyen asimismo promover el derecho a la identidad de todas las personas, para asegurar la filiación exacta de cada bebé que nazca en territorio mendocino.
Mediante el proyecto se busca inclusive que tengan el rango constitucional que se merecen la protección del medio ambiente, y el reconocimiento de los intereses colectivos y difusos de los diferentes grupos poblacionales.
Estos aspectos implican, por su lado, que se establezca en nuestra jurisdicción la figura el defensor del Pueblo, que se debata la representación de los departamentos en la Legislatura, y que se incorporen procedimientos de participación popular directa (iniciativa popular, consulta popular directa y vinculante, y demás), así como nuevos derechos y garantías, entre otros puntos.
Asimismo, se prevé incorporar nuevos derechos y garantías, ampliar el período de sesiones de ambas cámaras, prohibir los decretos de necesidad y urgencia, salvo la reglamentación con carácter restrictivo; instituir un régimen municipal autónomo, reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero, y modificar el procedimiento de reforma constitucional.
Surgida del consenso
En definitiva, el diputado Gustavo Arenas prevé que el debate de los temas enumerados permita elaborar un texto que sea producto del consenso y no de la voluntad de un solo sector político, a fin de garantizar que la Constitución de Mendoza refleje el espíritu actual.
Así, el legislador aclaró que, “para alcanzar este objetivo, la nueva Constitución deberá rescatar lo mejor de cada época, como los conceptos de libertad de 1853 y de justicia social de 1949”.
“Entonces, el desafío al iniciarse la segunda década de este siglo –aclaró– es perfeccionar e integrar los dos criterios anteriores en un concepto que los sintetice: el de los derechos humanos”.
Un comentario
Tiene un ojo!!!
Yo creo que el diputado Arenas se paso de copas con la vendimia, sumado al chocolate de semana santa, le colapsó el hígado y no hay sertal que le quite el espasmo, por lo que todo su proyecto estaría viciado de espasmo hepático acompañado de alusinaciones desvastadoras!
Los comentarios están cerrados.