El gobierno provincial envió un Proyecto de Ley a la Legislatura provincial, para se aplique en Valle de Uco, el nuevo Código Procesal Penal. La intención, según informaron fuentes oficiales, es “permitir a la Justicia local más agilidad y efectividad, y otorgar más garantías al proceso judicial”. La medida fue anunciada por el propio gobernador, Alfredo Cornejo, durante su última visita al Valle de Uco.
Luego de 16 años de vigencia del Código Procesal Penal, de su reciente modificación en agosto pasado, y de su parcial implementación en el territorio provincial, el gobernador Alfredo Cornejo se propone extender su aplicación al Valle de Uco y al sur de la provincia, lugares en donde continúan manejándose con el Código viejo.
Durante esta semana, el gobernador Alfredo Cornejo, junto al ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo Dalmiro Garay, y el ministro de Seguridad Gianni Venier, informó en conferencia de prensa, el envío a la Legislatura del proyecto que se propone, la aplicación en todo el Valle de Uco y la zona sur, del nuevo sistema acusatorio del Código Procesal Penal, Ley 6730.
La Ley 6730 se creó en 1999 y cambió un sistema inquisitorio –el cual tenía un juez de Instrucción que investigaba y resolvía las causas– por un sistema acusatorio: el que tiene un juez de Garantía, una Defensoría y una fiscalía de Corrección e Instrucción.
Esta ley se implementó en la Primera y Tercera Circunscripción Judicial en cuatro etapas durante 2004, 2005, 2008 y 2011. Por falta de recursos, algunos sectores de la Provincia quedaron sin la aplicación del sistema acusatorio. En la actualidad, se busca implementar el Código Procesal penal en el Sur y en el Valle de Uco, a fin de que una sola ley procesal penal rija en toda Mendoza en 2017. Lo que se anuncia desde el Gobierno provincial es que “la Justicia en la región sea más ágil y eficaz”.
“Los cambios serán operativos a partir de la sanción de la Ley, calculamos que se aplicará este sistema plenamente a partir de abril del 2017. Esta es una deuda que el Estado tenía con el Sur y el Valle de Uco, de este modo incluimos en el Código Procesal Penal, a seis departamentos y agilizamos las investigaciones. Desde el Gobierno, garantizamos los recursos y una Ley especifica que regula el funcionamiento”, aseguró Alfredo Cornejo.
Principalmente, y según detalló el gobernador Cornejo, este sistema exige la presencia física de los fiscales o ayudantes de fiscales en la toma de la denuncia y durante la investigación. Entre las modificaciones previstas, el gobernador puntualizó que «también, se crearán nuevos cargos de ayudantes fiscales; de hecho, empieza un proceso de selección para ocupar esos lugares».
Puntualizando más sobre este proyecto, el ministro de Seguridad Gianni Venier agregó: “los funcionarios judiciales al no poder residir a más de 30 kilómetros estarán disponibles los fines de semanas y los feriados y no deberán viajar para tomar declaraciones o denuncias”.
Por su parte, y destacando las garantías que genera el nuevo proceso, Dalmiro Garay, Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo, dijo que “estamos filosóficamente de acuerdo con el sistema acusatorio y nos parecía que seguir manteniendo ciudadanos que estaban con un sistema inquisitivo y otros ciudadanos que estaban con un sistema acusatorio que genera mayores garantías en el proceso, no podía mantenerse en el tiempo como ha pasado hasta ahora. Estamos llevando todo el esquema del sistema penal a donde no había y estamos generando la aplicación de un sistema que iguala en cuanto a derechos de todos los mendocinos y que nos permite lograr una meta bastante alta en relación con los costos económicos”.
Algunos cambios que plantea el nuevo sistema
Uno de los cambios que se generará es la presencia de ayudantes de fiscales en las seccionales policiales, para la toma de denuncias y demás medidas procesales urgentes. Además, las dependencias policiales deberán contar con los medios tecnológicos necesarios para incorporar las causas que se inician en el sistema informático .
Específicamente, según plantea el proyecto de Ley del gobernador Cornejo, en el Valle de Uco se creará la Defensoría, y los juicios se realizarán en Tunuyán, pero en cada departamento habrán ayudantes fiscales, quienes tomarán la denuncia y seguirán la investigación. De este modo, se termina de completar la aplicación del nuevo Código Procesal Penal en la Provincia, “haciendo una reingeniería del personal humano y de la infraestructura, con una mínima afectación presupuestaria”, enfatizó Cornejo.
En referencia al gasto que conlleva la implementación del nuevo sistema acusatorio, el gobernador expresó que “en la primera etapa no se requieren gastos ya que se restructuran las dependencias que actualmente existen y sólo se crearán los organismos mínimos necesarios para su funcionamiento. En una segunda etapa sí vamos a incrementar los recursos para la creación de nuevos cargos que deberán ser concursados ya sea por el Consejo de la Magistratura y/o por la Procuración General”.