Alrededor de las 11 comenzó, en Mendoza, un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar. El debate está a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1, debido a varias causas relacionadas a la Policía local, Federal, el Ejército y la Fuerza Aérea.
En principio, serían 28 los sometidos a juicio, ya que la cifra puede variar si el Tribunal da lugar a apartamientos, por 12 causas vinculadas a los secuestros, homicidios y desapariciones de 86 víctimas.
Entre los principales acusados figuran Carlos Rico, ex jefe policial vinculado a la dictadura y que ocupó un lugar en el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Celso Jaque, y Luciano Benjamín Menéndez, ex general sobre quien pesan más de diez cadenas perpetuas.
Según lo definió Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos (MEDH), se trata de las dos «figuras» del juicio por sus altos puestos en la cadena de mando. Rico era un oficial de gran jerarquía del G-78, un grupo represivo que funcionó durante el Mundial, y Menéndez era el jefe de toda un área que incluía a Mendoza.
«Este es un reclamo histórico del MEDH que nunca habíamos conseguido: que se juzguen en Mendoza. Tiene un valor simbólico enorme porque muestra que los procesos contra la represión forman parte del contrato social de los argentinos», reflexionó Salinas.
Los acusados proceden de diversos ámbitos, como el Ejército, la Fuerza Aérea, como Juan Carlos Alberto Santamaría, ex jefe de Inteligencia, la Policía Federal, Marcelo Mirón y Luis Mirotta, acusados de asesinar a los estudiantes Amadeo Sánchez Andía y Romano Rivamar, y la policía local, entre otros Roberto Usinger, un vendedor de antigüedades en la plaza de calle Alem acusado de torturador.
El Tribunal lo integran los jueces Daniel Cisneros, Gretel Diamante y Alejandro Piña. De ellos dependerá la periodicidad de las audiencias, uno de los factores clave para la duración del juicio, que en opinión de Salinas podría extenderse entre uno y dos años.
En la jornada de este jueves se espera que se realice la identificación de las partes.
En paralelo, se lleva adelante en Córdoba la mega causa de La Perla, centro clandestino de detención también llamado «la universidad», que fue el principal centro de esa provincia y que ya lleva dos años de desarrollo.
Una de las ventajas en Mendoza es que la ley permite prescindir de testigos que ya declararon en juicios anteriores (esto es para no revictimizarlos y acelerar los procesos), por lo que varios de ellos ya han presentado su declaración y la duración sería levemente menor.
Fuente: El sol online