El Ejecutivo hará efectivas las renuncias presentadas en abril luego de la emergencia y establece sanciones para los médicos que no presten servicio en los efectores públicos.

El oficialismo logró aprobar en un supermartes legislativo la ley de emergencia en el servicio de anestesiología por 120 días, luego de aceptar los cambios propuestos por la oposición. La iniciativa presentada por el Ejecutivo sufrió modificaciones en cuanto al plazo de vigencia y a las sanciones para los profesionales que renuncien. Además, se agregó la creación de una mesa de diálogo entre las partes.

La iniciativa tuvo este martes un tratamiento exprés, primero en el Senado, donde obtuvo 36 votos a favor y dos en contra, pertenecientes al sector “anti k”; y posteriormente en Diputados, ya que la sesión de esa cámara se adelantó un día debido a que este miércoles es feriado por el Censo Nacional.

La negociación entre Cambia Mendoza (CM) y el Frente de Todos (FdT) permitió sancionar la norma que busca solucionar el conflicto con los médicos anestesiólogos, aunque el oficialismo debió ceder en algunos aspectos para lograr el consenso.

El proyecto surgió como respuesta al paro de anestesiólogos. De los 150 profesionales que tenía Mendoza, 68 decidieron no renovar su contrato el pasado 1° de abril y desde ese momento las cirugías están resentidas en los hospitales. Actualmente son alrededor de 4.600 las personas que están en lista de espera. Desde el sector piden mejoras salariales y un trato diferencial por la responsabilidad que implica la especialidad.

Modificaciones

Una de las principales modificaciones que se realizaron es la del artículo 3 del texto, que refiere a las sanciones contra los anestesiólogos que renuncien. El oficialismo accedió a eliminar la imposibilidad de que ese profesional sea contratado nuevamente por la Administración Pública. En caso de que la renuncia sea forzosa por algún motivo, el especialista lo podrá hacer.

El Gobierno pretendía que la emergencia tuviera un plazo de 18 meses, sin embargo, eso fue modificado y serán 120 días, con la posibilidad de ser prorrogada con autorización legislativa.

Otro cambió que introdujo la oposición fue que la norma entre en vigencia a partir de su promulgación y no desde su presentación, lo que para el peronismo “rozaba la inconstitucionalidad”.

A su vez, se incluyó una mesa de diálogo entre todas las partes, es decir, anestesiólogos, legisladores y miembros del Poder Ejecutivo. También se decidió potenciar la formación de los profesionales.

El proyecto

Con respecto al plazo será “prorrogable por otro periodo igual por única vez, por Decreto del Poder Ejecutivo, el que entrará en plena vigencia luego de su  ratificación legislativa”, agrega el texto.

El proyecto expresa asimismo que “las contrataciones de los profesionales de salud que se dispongan en el marco de la presente Ley quedarán exceptuadas del límite establecido en el último párrafo del Artículo 12 del Anexo de la Ley N° 7759 (Convenio Colectivo de los profesionales de la salud), aún cuando el contratado pertenezca a la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal”.

De igual forma, respecto de las renuncias, la norma establece que los profesionales que presten servicios o cumplan funciones en los servicios de anestesiología de los establecimientos públicos de salud, se harán efectivas una vez notificada su aceptación o transcurrido el plazo de 120 días corridos de presentada la misma, agregando que “durante este periodo, el profesional que haya presentado su renuncia, deberá cumplir con las exigencias y necesidades de su servicio y/o funciones profesionales”.

En caso de incumplimiento será de aplicación la sanción de “suspensión en el ejercicio profesional de un mes a cinco años, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la Ley Nº 2636 y su decreto reglamentario, sin perjuicio de las acciones penales y civiles que pudieran corresponder”.

La normativa, también autoriza al Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes a “convocar a ex residentes y/o ex jefes de residentes de la especialidad de anestesiología egresados del Sistema Provincial de Residencias y/o a profesionales anestesiólogos que hayan prestado servicios en el Estado en los últimos cinco años, con el fin que presten servicios, incluidas las guardias -tanto de semana como de fines de semanas y/o feriados-, en los hospitales comprendidos en el subsector público de la salud, considerando esta convocatoria como una carga pública, en el marco de la emergencia declarada” y teniendo en consideración que “el servicio de anestesiología es un servicio crítico para el resguardo de la vida y la salud de las personas. En caso de no presentarse en la convocatoria realizada, sin justificación basada en fuerza mayor, será de aplicación” las sanciones expresadas.

El articulado también indica que “las horas efectivamente trabajadas en el marco de la presente convocatoria serán abonadas conforme a los valores establecidos en la normativa vigente”.

En otro orden, de acuerdo a lo que expresa esta Ley, la cartera sanitaria provincial podrá “trasladar, reasignar funciones y/u horarios de los profesionales anestesiólogos a su cargo, a fin de asegurar los servicios esenciales de salud en todo el territorio provincial. En estos casos, los mayores costos serán soportados por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, conforme a la normativa vigente”.

Independientemente de la forma de contratación que tengan los médicos, la Ley indica que todas sus disposiciones “son aplicables a todos los profesionales del sub sector público que presten servicios de anestesiología en la Provincia” y se encuentran incluidos también “los profesionales del Sistema Provincial de Residencias”.

La pieza legislativa aprobada faculta además al Ministerio de Salud “a que arbitre los medios tendientes a implementar la formación y capacitación en prácticas anestésicas de profesionales médicos y técnicos anestesistas, como así también la formación de los profesionales residentes en la especialidad de anestesiología.

Finalmente, se acordó la convocatoria a “una Mesa de Diálogo con la participación de los sectores involucrados, debiendo además contar con representación legislativa en proporción a la composición parlamentaria de ambas cámaras. Aclara que esas reuniones de la Mesa de Diálogo tendrán “una periodicidad no menor a una reunión mensual durante la vigencia de esta Ley”.

La palabra de los legisladores

Durante el tratamiento en el recinto, el diputado Daniel Llaver (UCR) indicó que “este es un problema viejo que cada tanto vuelve a  aparecer,  donde aparecen intereses corporativos, personales, de un sector de la medicina, de un sector considerado critico porque son esenciales para los procesos quirúrgicos. Pero creo que todos nos vamos a poner no de un lado o del otro del mostrador, sino del lado de la gente, de los pacientes, de los que están esperando desde hace más de un año por una cirugía programada, que suman más de 5 mil en Mendoza”.

En igual sentido se expresó su par de bancada, Daniela García, quien expresó que “esta emergencia no es nueva”, y tras tomar el caso de Uruguay donde también se adoptó una medida similar, dijo que se trata de “una condición de acceso igualitario a la salud. Facilitar y promover que una persona que está esperando en un hospital pronto acceda a la cirugía programada”.

De igual forma, Diego Costarelli (UCR), manifestó que afirmó que “no es algo nuevo el tema de los anestesiólogos, hay dos antecedentes, uno dado durante el gobierno  de Julio Cobos que terminó en un proyecto de resolución, y otro del año 2012, proyecto de ley de Claudio Díaz, el cual afirmaba que es una problemática 20 años”. Con lo cual, agregó, “no es un tema del gobierno de turno. Esta emergencia la votamos porque hoy en Mendoza tenemos un sector corporativizado, que pretende quedarse con el manejo de todos los recursos humanos de anestesiología en la provincia y tenemos la responsabilidad de garantizar el servicio de salud pública en Mendoza”.

Desde el Partido Verde, Emanuel Fugazzotto expuso el acompañamiento favorable a la iniciativa señalando que “es importante que se declare la emergencia porque también hay residentes que están esperando la especialización para especializarse y porque el acceso a la salud es un derecho”, mientras que igual postura adoptó José Luis Ramón (Protectora), quien manifestó su acompañamiento, subrayando al respecto que “tiene que ver con el concepto de usuarios y consumidores. Todos hablamos el acceso a la salud, de las cirugías re programadas” y “el Estado  por una disposición constitucional, debe garantizar el acceso al servicio de salud que es un derecho humano”.

También Jorge Difonso (UP-FR), manifestó su apoyo a esta Ley y puso en valor la convocatoria “a una mesa de diálogo, en donde se tienen que ubicar, sentar, participar y realizar aportes, todas las partes involucradas, en donde cada una tiene sus razones, sus derechos y sus fundamentos, y que mirándose a la cara en esa mesa pueda salir una solución sustentable a futuro”. “Tenemos 120 días para que esto ocurra y me parece que es de suma importancia la pluralidad de esa mesa, incluso también con la participación de los distintos bloques que integran esta Legislatura”.

En tanto, Germán Gómez (FdT), adelantó el voto positivo aunque dijo que “en 120 días no les alcanzará para solucionar los problemas, no podemos tener 5000 pacientes, entre ellos niños, en espera, porque no se resuelve la situación salarial de un sector de los profesionales. Son los sectores más desguarnecidos los que sufren la situación actual. Hoy le vamos a dar al gobierno esta herramienta, pero tienen 120 días para resolver este problema”.

En tanto, Mercedes Llano (PD), anticipó su voto negativo al señalar que “estamos frente a un grave problema de salud pública que requiere de una rápida y urgente solución. También están en juego intereses, intereses de sectores ligados a especialidades que seguramente han tenido mayor capacidad de organización que otras, y por ende, mayor capacidad para ejercer presión.  Más allá de hacernos eco de la preocupación que recae sobre la ciudadanía sobre este aspecto y que también afecta al gobierno provincial, entendemos que esta no es una solución adecuada, estructural y sostenible en el tiempo”.

Con información de Diario El Sol y la Cámara de Diputados de Mendoza