Los componentes presentes en computadoras, celulares, monitores y electrodomésticos, entre otros, generan graves consecuencias en el medio ambiente y la población. Solo en 2021, en el país se generaron 488 mil toneladas de chatarra electrónica. Los detalles y riesgos de una problemática que crece.

Se considera “residuo electrónico” a todos aquellos aparatos tecnológicos que, por ser considerados obsoletos o averiarse, son desechados. Lo cierto es que, mientras la demanda en su consumo por parte de empresas y particulares crece a nivel mundial y regional, los volúmenes de esta basura que queda como remanente requiere de políticas a la hora de gestionarla y evitar que el impacto ambiental por esta causa siga también en alza.

Hoy, el desafío hacia adelante es profundo en la región: desde celulares o computadoras (y sus componentes) hasta pequeños electrodomésticos y televisores, desde los más pequeños accesorios de PC e incluso CPU  que quedaron en desuso frente a la aparición de nuevos modelos, forman tan solo la parte visible de miles de toneladas de esta clase desperdicio que representa serios riesgos. Pese a los esfuerzos logrados por entidades independientes y municipios de las diferentes jurisdicciones de los países latinoamericanos, que trabajan en pos del reciclaje y la reutilización de materiales derivados de los aparatos tecnológicos, los porcentajes en este sentido aún son por demás escasos.

Según el último informe aportado por el Monitor Regional de Residuos Electrónicos para América Latina, que analiza las variables en relación al tratamiento de los aparatos que son descartados en trece países de América del Sur (entre los que se excluye a Brasil), más del 97% de los residuos electrónicos no se recogen ni tampoco de envían a instalaciones específicas para su adecuada gestión ambientalmente racional.

“La mayor parte de los residuos electrónicos acaban en vertederos o son gestionados por el sector informal, que separa las partes valiosas que contienen los residuos electrónicos mientras que los plásticos que contienen Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) y las partes peligrosas se eliminan en vertederos. Costa Rica presenta la tasa de recolección más elevada, con un 8,0% del total de los residuos electrónicos generados. Ninguno de los países recoge y trata los COP contenidos en plásticos de los residuos electrónicos (por ejemplo, los BFR)”, se advierte en la investigación.

Hay que decir que tanto los plásticos que contienen COP como así también los BFR, que son retardantes de llama bromados (es decir. mezclas de productos químicos artificiales que se añaden a una amplia variedad de productos), forman parte del grupo de elementos contaminantes que si no son sometidos a un tratamiento adecuado, su impacto en el medio ambiente y en la salud de la población representa una de las amenazas más profundas en el corto y mediano plazo. Entre los materiales peligrosos que se hallan en los remanentes tecnológicos que no reciben el adecuado tratamiento figuran metales pesados, tales como el mercurio, el plomo, el cadmio, el cromo, el arsénico o antimonio, entre otros.

Miles de toneladas sin gestionar

En 2021, Brasil fue el país que más generó residuos electrónicos en América Latina y el Caribe, con más de 2,26 millones de toneladas métricas, seguido por México con una generación de basura tecnológica de aproximadamente 1,29 millones de toneladas. Según el portal dedicado a la provisión de estadísticas denominado Statista, Argentina registró unas 3.143 toneladas de basura electrónica entre 2015 y 2021.

De acuerdo a los datos de ese sitio, en esos siete años se registró un promedio de 523 toneladas por año en el país, en tanto que año a año hubo un franco ascenso respecto del volumen de “chatarra” electrónica acumulada. Solo si se menciona este incremento en el período mencionado, las estadísticas muestran una diferencia de 84 mil toneladas: mientras que en 2015 en Argentina se registró un volumen de 404 mil toneladas de desechos electrónicos, en 2021 esa cantidad ascendió a 488 mil toneladas.

Desde una perspectiva macro, el Monitor Regional de Residuos Electrónicos para América Latina 2022 -copatrocinado por la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) y el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación y la Investigación (UNs eITAR)- dio a conocer los resultados de los trece países analizados: Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela. Según este informe, que además propone una evaluación de las estadísticas, la legislación y la infraestructura puesta en marcha por estos países para gestionar sus residuos electrónicos en la región aumentó 49% entre 2010 y 2019.

“La recolección de desechos electrónicos para una gestión ambientalmente racional se lleva a cabo en todos los países (aunque no se pudo cuantificar en Guatemala) y el 2,7 por ciento del total de los desechos electrónicos se recolectan para ser manejados de manera ambientalmente racional” se advierte. En tanto que advierte que la totalidad de los países tienen una regulación de desechos peligrosos que incluye los COP, aunque ninguno (incluyendo a Argentina) tiene una legislación específica para los COP de los desechos electrónicos.

Según el estudio internacional, existen varios acuerdos internacionales que han establecido los países de la región en relación a la gestión, tratamiento y disposición final de los residuos electrónicos. Éstos van desde acuerdos ambientales multilaterales (AMMA) hasta aquellos relativos a la restricción del uso de sustancias peligrosas en la fabricación, pasando por acuerdos que promueven la economía circular.

En el caso de Argentina, el país no cuenta con legislación ni regulación específica sobre los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE). A cambio, adhiere a los cuatro acuerdos internacionales vigentes y tiene reglamentos en materia de residuos peligrosos. Pero lo cierto es que el país no tiene una legislación específica sobre los COP contenidos en los plásticos de esos residuos.

Las siete recomendaciones

Las siete recomendaciones establecidas para frenar esta problemática en la región y que deben aplicarse por los diferentes estados son: prevenir, sensibilizar, recoger más y contaminar menos, pagar los tratamientos de manera adecuada, trabajar de forma más segura e invertir en formación.

Los residuos electrónicos abarcan una gran variedad de productos desechados y se clasifican en seis categorías principales a saber:

 Aparatos de intercambio de temperatura: se incluyen en esta categoría los refrigeradores, los congeladores, los aparatos de aire acondicionado y las bombas de calor.

Lámparas: se incluyen lámparas LED, lámparas de descarga de alta intensidad y lámparas fluorescentes compactas y de tubo recto.

Pequeños aparatos: se incluyen microondas, parrillas y tostadoras, productos de higiene personal, altavoces, cámaras, equipos de audio y auriculares, juguetes, herramientas domésticas y sistemas médicos y de monitoreo.

Pantallas y monitores: comprenden televisores y monitores de cristal líquido (LCD) y de diodos emisores de luz (LED), computadoras portátiles y tabletas electrónicas.

Grandes aparatos: se incluyen productos como lavaplatos, lavadoras, hornos y sistemas de calefacción central, impresoras profesionales y paneles fotovoltaicos.

Pequeños aparatos informáticos y de telecomunicaciones: se incluyen computadoras de mesa personales, impresoras, teléfonos celulares, teléfonos inalámbricos, teclados, enrutadores y consolas.

Fuente: MDZ on line