Es de saber que el Poder Judicial de la Nación, es independiente del resto y sus miembros deben ser elegidos por el Poder Legislativo, a partir de la propuesta hecha por el Ejecutivo.
El nombramiento en comisión de dos jueces de la Corte Suprema que el presidente Javier Milei dió a efectivizar ayer por decreto causó una nueva oleada de críticas y rechazos por parte de los intelectuales, a excepción de los pensadores que sintonizan bien con el oficialismo, en una suerte de “Carta Abierta” rediviva.
Si bien la Constitución Nacional (CN) habilita al Gobierno a nombramientos de agentes del Estado en época de receso (aunque no se refiere a jueces de la Corte Suprema), el próximo sábado comienza el periodo ordinario de sesiones y la decisión debería recaer en el Poder Legislativo. “Puede llenar las vacantes de los empleos que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”, establece el artículo 99 (inciso 19) de la CN al que echó mano el Gobierno.
“El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo periodo legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros. Durante el mencionado plazo, esta administración continuará con el trámite legislativo para que la Cámara Alta ejerza sus atribuciones y preste los correspondientes acuerdos a los pliegos. El Gobierno Nacional no tolera ni tolerará que los intereses de la política se impongan por sobre los del pueblo argentino, bajo ninguna circunstancia”, se advierte en un comunicado emitido por la Oficina del Presidente.
Las reacciones en X, elegida como la plataforma del debate ideológico por tirios y troyanos, no se hizo esperar. “El decreto del Presidente Milei que nombra en comisión a los candidatos Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha provocado una grave crisis institucional. Espero que los contrapesos institucionales impidan que se concrete”, consideró el abogado y profesor Daniel Sabsay.
“La designación de prepo de Lijo y GM tiene un único motivo: que el Senado no los quiere. Esto no es una suposición vaporosa, es una certeza después de un año de debates. Nombrarlos es de tramposos”, sostuvo el escritor y letrado Marcelo Gioffré.
“Hay una diferencia entre la designación de jueces por decreto que hizo el fracasado de Macri y la que hizo Milei -le respondió el abogado Nicolás Márquez a Gioffré-. Macri la hizo al segundo día de gestión, Milei después de un año de dilatación de la oposición porque pensaban que se iba antes del año, negándose a armar las comisiones para aprobar los candidatos nominados. Hoy esta cumplido el requisito Constitucional de 5 ministros de la Corte. Y el senado no tiene la calidad ética ni moral para rechazar a cualquiera de los 2 jueces”. Sin debatir con el biógrafo presidencial, Gioffré posteó: “Recuerdo a los foristas que ni Rosenkrantz ni Rosatti asumieron hasta no obtener la aprobación del Senado”.
“Queda alguna persona decente colaborando con el gobierno? porque, si es decente, no puede estar colaborando con esto, porque pasa a ser cómplice. duele, pero hay q renunciar: lo agradeceremos de por vida, prometo”, posteó el jurista Roberto Gargarella, tras explicar en un “hilo” de X lo actuado por el Gobierno (“es todo un horror”, resumió).
Las historiadoras Camila Perochena y María José Navajas dieron su opinión en X. “Pensé que el criptogate los iba a hacer desistir de Lijo, qué ingenua”, ironizó la primera, y “No hay buenas razones para tener a Lijo en la Corte Suprema y el procedimiento elegido es bochornoso (por más antecedentes que aleguen o argumentaciones leguleyas que busquen)”, consideró la segunda.
Para algunos, la estrategia del Gobierno es similar a la de Donald Trump en Estados Unidos: indignar deliberadamente a la oposición con medidas irritantes, día tras día. “Insisto: meter jueces en la Corte por decreto es un alzamiento contra el orden constitucional. El art. 99 no aplica a jueces, sino a funcionarios del Ejecutivo. Y además limita esa atribución a vacancias ‘que ocurran durante el receso’ del Congreso, que tampoco es el caso”, remarcó el historiador Ezequiel Adamovsky.
Parafraseando al jurista Carlos Nino, el exministro de Cultura de Cambiemos, Pablo Avelluto, escribió: “la Argentina tiene un gobierno al margen de la Constitución”, y destacó que Macri había reconocido en su libro Primer tiempo que la designación en comisión de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz (con mayor respaldo que Lijo y García-Mansilla) había sido un error.
“El PEN ha roto la institucionalidad. Es exactamente lo mismo que suspender las elecciones de octubre y nombrar legisladores por decreto”, consideró el politólogo Gerardo Aboy Carlés.
“Una vez más, a nuestro presidente le nefrega la Constitución. Y no será la última”, anticipó la escritora Claudia Piñeiro, parafraseando el “me ne frega” que Milei empleó en el discurso de Davos, al republicar las reflexiones del doctor en Derecho Andrés Gil Domínguez, para quien, con la decisión del Presidente, “el sistema republicano, la división de poderes, el orden constitucional y los derechos de las personas corren un serio peligro de extinción por demolición”.
La abogada Natalia Volosin publicó un “hilo” sobre el juez Lijo que comienza así: “Es un candidato horrible. No lo niega ni su mamá. Representa todo lo que no queremos (no yo, nadie, todos) en un juez”, y señala sobre la medida del Gobierno: “Aquí lo que hay es un Presidente que FRACASA en obtener los acuerdos que exige la CN [Constitución Nacional]. Fracasa una y mil veces durante un año. Y 5 minutos antes de las sesiones ordinarias, quiere meterlos por la ventana. Esto es sencillamente INCONSTITUCIONAL”.
En clave orwelliana, el abogado y ensayista Osvaldo Pérez Sammartino aventuró: “En todo caso, el oficialismo debería proponer una reforma constitucional que establezca que a los jueces los designa exclusivamente el Poder Ejecutivo, siempre que esté desempeñado por Javier Milei, Karina Milei o quien ellos determinen”.
“Yo, que considero que los gobiernos kirchneristas hicieron mucho daño y que jamás deberíamos volver a algo así -y lo digo desde 2003-, creo que el kirchnerismo fue MUCHO MÁS RESPETUOSO DE LA CONSTITUCIÓN AUN EN SUS DESBORDES que Milei en sus mejores momentos ‘republicanos’”, escribió el crítico cultural Daniel Molina; en otra publicación, acotó: “TODOS critican a Lijo, pero García-Mansilla es aun más siniestro. Lo peor del poder judicial llega a la Corte Suprema y encima lo hace violando la Constitución. Este es el hecho que marca una divisoria de aguas. A partir de ahora todos los actos oficiales son ilegales”.
Las designaciones causaron un debate interno entre republicanos de distinta cepa. “Los ‘republicanos’ de antaño no pueden decir ni mu porque ellos lo hicieron primero”, posteó el politólogo Andrés Malamud en alusión al gobierno de Cambiemos. El ensayista Hernán Iglesias Illa, además de alertar sobre el uso de comillas, puntualizó que los jueces designados por Macri habían sido “los más votados de la historia” y que el decreto que promulgó la designación había sido “el primer decreto electrónico (sin papel) de la historia del Estado nacional”.
En la cuenta @MileiEmperador que se le atribuye al asesor presidencial Santiago Caputo se lanzó un acertijo: “Si los nuevos jueces fueran garantía de impunidad para CFK ya los hubieran votado a dos manos, compañeros republicanos de pacotilla. ¿Tal vez es lo contrario? Lo dejo para la reflexión”. La Justicia podría fallar en contra del polémico nombramiento de los jueces.
Fuente: Diario La Nación
