El recorte se da en un marco donde la Ley que establecía los fondos específicos para el programa se encuentra vencida, por lo que la entrega de los recursos queda a discreción del ejecutivo nacional. El total de los fondos destinados en el periodo 2023-2024 había sido de 2.960 de pesos.

Durante estos días se supo que el Gobierno nacional no tiene previsto girar los fondos destinados a tal fin, por lo que productores locales se han visto preocupados sobre los efectos que esta situación generaría. La noticia la confirmó el gobierno de Javier Milei a autoridades del Ministerio de Economía de Mendoza. Es así que el ejecutivo nacional ya no enviará los recursos al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y que de ahí se trasladaba a los programas de manejo de la plaga como la Lobesia Botrana.

Frente a eso consultamos a algunos referentes locales vinculados a la producción para saber cuál es la posición frente al tema.

Uno de los consultados fue Sebastian Lafalla ex Presidente de la Cámara de Agricultura, Industria, Comercio y Turismo del Valle de Tupungato, actual miembro de la FEM, productor y agroexportador, este nos manifestó que se está llevando desde las políticas del Gobierno Provincial un ataque sistemático a la producción primaria. Para Lafalla, en el mundo la lucha contra estas plagas se hace con intervención estatal coordinada con privados, porque es imposible hacerlo solamente desde el ámbito privado, ya que no todos cuentan con los mismos recursos y se vuelve ineficiente el esfuerzo.

En el mismo sentido comento que desde la FEM, por medio del presidente de la Comisión de Economías Regionales de la CAME, Eduardo Rodriguez, mantuvieron ayer una reunión con el Secretario de Agricultura de la Nación, Sergio Iraeta, para plantearle la situación de Mendoza en relación a este tema. Según destacó el referente productivo, el nuevo Secretario tomó nota del asunto, pero que es insuficiente que el planteo sea solo de los productores y que debe ser el Gobierno Provincial quien lo haga.

Otro de los consultados fue Mario Leiva, Presidente de la Sociedad Rural del Valle de Uco y productor del departamento de San Carlos, quien hizo hincapié en que los fondos para el programa deben salir del sector bodeguero y no de los productores, ya que son los más afectados en la cadena productiva. Según mencionó Leiva, en una reunión con autoridades provinciales, estos mencionaron que se están buscando los fondos para darle continuidad al programa. Para el dirigente rural, está bien que se lleve adelante una reducción del gasto público en función de ordenar la macroeconomía pero que esos recortes no pueden caer en los sectores más débiles de la economía, por lo que considera necesario, en palabras de Leiva que “el costo lo tienen que pagar las bodegas, porque las bodegas hoy toman la uva al productor sin precio, lo mandan al productor a sacar créditos para cosecha y acarreo que después no pueden pagar, porque las bodegas pagan de 6 a 18 meses”.

Por otra parte Carlos Davila, miembro de la Cámara de Comercio, Industria, Agricultura y Turismo de Tunuyán, mencionó que, si bien hay preocupación por el tema, desde la CIAT se pretende generar soluciones y no hacer planteos inconducentes. Para el referente productivo, frente a la actual situación económica y la reducción de los recursos, se debe buscar una optimización de los mismo, en donde se vuelve fundamental la recolección de datos por parte del ISCAMEN. Según Davila, el recurso que se entregaba a los productores solo alcanzaba para una cura y que la reducción del mismo no afectara significativamente en el avance de la plaga. Finalmente volvió aclarar que no se llevara adelante ningún reclamo, pero que si darán su propuesta para sobrellevar la crisis.