Los gobernadores ya iniciaron acciones judiciales contra la quita de los subsidios al transporte y de los fondos de incentivo docente. En Casa Rosada desestiman los reclamos.

El presidente Javier Milei se muestra decidido a extremar la tensión con los gobernadores, a quienes les reclama que avancen también con el recorte del gasto público y asuman el correspondiente costo político

Ante esa posición del gobierno nacional, el malestar de los mandatarios provinciales comenzó a materializarse en presentaciones en el Poder Judicial para reclamar por los fondos que sus jurisdicciones dejaron de percibir del gobierno nacional.

Puntualmente, las primeras acciones judiciales las comenzaron a redactar en las provincias de Río Negro y de Chubut. Por su parte, el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, adelantó que reclamará para recuperar las partidas del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid).

“Probablemente vayamos a la Justicia a exigir que se cumpla con la ley de financiamiento educativo, nuestra senadora Mónica Silva está presentado un proyecto en la misma tónica. Vamos a hacer todas las acciones necesarias para que esos fondos que le corresponden a los docentes y a las provincias se sigan enviando”, dijo.

Weretilneck dijo que la denuncia se formalizará esta semana y no descartó avanzar hacia acciones colectivas porque, aseguró, “todos los gobernadores” mantienen la misma posición respecto a la “defensa del federalismo”.

Su par de Chubut, el macrista Ignacio “Nacho” Torres, ya firmó un pedido de medida cautelar ante la justicia federal para evitar que se frene el giro de los subsidios contemplados en el Fondo Compensador al Transporte Público.

En tanto, el gobernador de Buenos Aires, el kirchnerista Axel Kicillof, avanzará primero por la vía administrativa para solicitar, al igual que Weretilneck, los fondos educativos.

“Las provincias no somos las que causamos el endeudamiento que tiene el Estado nacional, las provincias generan riqueza”, diferenció el gobernador de Río Negro y se quejó por la falta de apertura de Milei para darle respuesta a los mandatarios provinciales.

Los nuevos planteos contra la Nación se sumarán a los que ya están en manos de la Corte Suprema, impulsados en noviembre pasado (en el tramo final del gobierno de Alberto Fernández) por Corrientes y Mendoza por la caída de los recursos coparticipables ante los cambios en Ganancias y en el IVA.

En la Casa Rosada descartaron la posibilidad de convocar a los gobernadores a una cumbre ampliada para discutir el impacto de las medidas de ajuste fiscal y evaluar posibles alternativas para amortiguar el recorte de los recursos.

El vocero presidencial reiteró que, en principio, el Gobierno no convocará a ningún gobernador porque “el diálogo está abierto de manera permanente, especialmente con el ministro del Interior, Guillermo Francos”.

Adorni recordó que el compromiso con las provincias fue discutir un nuevo Pacto Fiscal una vez aprobada la Ley Bases, que el propio Milei ordenó llevar a foja cero ante el rechazo de varios de sus artículos claves.

“El acuerdo original era quitar el capítulo fiscal de la ley para aprobarla. Eso no se cumplió, por lo tanto se verá cuál es la decisión que se toma en relación a cómo avanzará el tratamiento legislativo”, agregó Adorni respecto a la iniciativa.

Al respecto, en el gobierno nacional comenzaron a evaluar las distintas posibilidades para implementar las reformas, que se contemplaron en la Ley Bases. Milei podría avanzar con decretos o con otras herramientas que le permitan esquivar el tratamiento legislativo. Claro que el límite está en las cuestiones tributarias y penales, que sólo pueden modificarse mediante la aprobación de una ley.

La caída de la Ley Bases marcó un quiebre en la relación de Milei con los gobernadores. El Presidente los tildó de “traidores” y los convirtió en blanco para sus constantes críticas.

El ministro Francos trató de calmar los ánimos al señalar que la decisión de eliminar los fondos del subsidio al transporte público y de limitar el envío de los fondos de incentivo docente no implica “ninguna venganza” contra los gobernadores sino que responde al “cumplimiento de la ley para poner el país en orden”.

Francos afirmó que los gobernadores “pueden ir a la Justicia y a la Corte” Suprema para reclamar, pero advirtió que “no hay nada en que el gobierno nacional esté contraviniendo en las normas vigentes”.

“Seguiremos conversando, si quieren ir a la Justicia no tenemos forma de impedirlo, que reaccionen de la manera que les parezca”, remarcó el ministro del Interior.

Además, el funcionario nacional rechazó las quejas de los gobernadores que denuncian falta de canales de comunicación con el gobierno nacional. “Es una falsedad”, sentenció.

“Estamos convencidos de que los argentinos quieren un cambio, hemos visto manifestaciones de apoyo al Presidente cada vez que sale y mucha expresión de que siga adelante contra las irregularidades”, afirmó el ministro.

Además, justificó una de las avanzadas que preocupan a los gobernadores al opinar que “la vocación de los argentinos es cortar con los fondos fiduciarios que son cajas negras de la política de los estados provinciales”. El propio Milei ratificó en las últimas horas su plan de acción: “La motosierra y la licuadora, los pilares del ajuste, no se negocian”.

Fuente: LA