La posibilidad de despidos a quienes fueron incorporados en los últimos meses generó una alerta inmediata en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).
El gobierno de Javier Milei promete ir a fondo y aplicar motosierra sobre el gasto público y obviamente los temores se apoderaron de todos los empleados del Estado. Sobre todo, cuando corrió como reguero de pólvora la versión de que los equipos seleccionados por el nuevo Presidente para llevar adelante la transición habían pedido el listado de las personas que han ingresado a planta permanente en el transcurso de 2023.
La posibilidad de despidos a quienes fueron incorporados en los últimos meses generó una alerta inmediata en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), ya que hay varios cientos de personas que han sido regularizadas este año por ese organismo, e incorporados en planta permanente, pero que venían trabajando allí desde hace tiempo atrás en situación semi precaria, como “transitorios” bajo el denominado Artículo 9.
El tema particular de Senasa preocupa tanto a sindicalistas como a los principales mandos salientes de ese organismo, la agrónoma Diana Guillén y el veterinario Rodolfo Acerbi, quienes en su gestión aceleraron el proceso pendiente de hacer concursos para cubrir decenas de cargos vacantes en la estructura del organismo sanitario, y que -según argumentan- había sido interrumpido en el gobierno de Cambiemos, entre 2015 y 2019. Hace un tiempo, el propio Acerbi recordó que en tiempos de Mauricio Macri un estudio determinó que Senasa necesitaba 7000 empleados para cumplir con sus funciones. Y sin embargo, tiene unos 5.800.
“No es cierto que Senasa haya tomado personal nuevo en 2023, fueron todos Artículo 9 de la Ley Marco, no son nombramientos nuevos. No vamos a permitir que se desguace nuevamente al organismo, como sucedió ya en el gobierno de Macri”, avisó el histórico delegado de ATE en el Senasa de Ezeiza, Jorge Ravetti, en un extenso audio que distribuyó entre los trabajadores.
Allí mismo el sindicalista confirmó que en el Senasa falta gente en vez de sobrar. Y puso como ejemplo a varias decenas de personas que debieron contratarse para enfrentar tareas operativas como la crisis por la Influenza Aviar este año, a los que ahora se le vencen los contratos a fin de este año, sin perspectivas de renovación y justo cuando se han detectado nuevos casos de esa enfermedad en aves silvestres de Catamarca.
“No echemos a perder todas las luchas sanitarias por los caprichos ajustadores de algunos funcionarios”, exclamó Ravetti, cuya filial incluso ya anunció un paro de 72 horas esta misma semana “frente a los posibles despidos”. La medida de fuerza, que podría afectar los aeropuertos, fue criticada por los productores porque sucede justo cuando una extraña enfermedad está haciendo estragos en las poblaciones de caballos del norte del país.
Como Ravetti es de esos gremialistas “selectivos”, que protestan más con ciertos gobiernos de signo determinado y con otros no lo hacen, Bichos de Campo consultó sobre la situación a un alto funcionario que confirmó los temores sobre el impacto que un ajuste del personal tendría sobre diversos programas sanitarios y, hasta mercados donde la Argentina coloca mercaderías.
“Nosotros retomamos los concursos de 2015, que estaban inconclusos. Inclusive uno queda todavía sin hacer, pero llegaron a hacerse tres. La mayoría de la gente pudo ser regularizada y pudo entrar a planta permanente, aunque el último concurso de todos quedó con los exámenes tomados y el orden de mérito”, relató el funcionario.
Pese a esa movida, Senasa tiene todavía más del 80% de personal que no es de planta permanente, sino que son Artículos 9, una categoría que tienen cierto parecido (cobran por recibo de sueldo, con aguinaldo y vacaciones), pero finalmente no gozan de estabilidad.
Un dato clave es que además hay cerca de 300 personas a las cuales se les vences el contrato a fin de año. Fueron contratados a partir de 2022 mediante una fundación llamada Funvet, cuando faltaban técnicos para salir airosos de inspecciones realizadas a la industria frigorífica por varios mercados, como México, Estados Unidos e Israel. Esos destinos ponen como exigencia que en cada empresa de faena trabaje un inspector de Senasa. Fue eso lo que motivó esta contratación de emergencia.
“Hicimos un relevamiento y había un faltante para llegar al óptimo ideal de 120 personas entre veterinarios y auxiliares. Esas 120 personas fueron tomadas a través de una fundación porque no había respuesta positiva del Estado para tomar esos auxiliares y no teníamos presupuesto. Por eso hicimos un paso intermedio y todas las plantas de exportación depositaban el sueldo de esas 120 personas en una fundación y después era Senasa el que lo distribuía”, señaló la fuente.
En 2023, para tener una idea de la precariedad de muchas relaciones laborales, recién el organismo pudo financiar el salario de esos técnicos, que siguieron figurando como contratados de esa fundación. Quedó la promesa incumplida del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, de que pasarían a revistar en el Artículo 9.
Cuando irrumpió este año la crisis aviar, hubo una nueva convocatoria urgente de personal, pues “era fundamental que la enfermedad no se propagara, necesitábamos gente en los rifles sanitarios, y reforzando las fronteras. Hicimos un relevamiento y ahí entraron 350 personas”, añadió el funcionario vinculado con la administración del organismo, que sigue atento a esa zoonosis y ahora la incorpora nuevas amenazas, como la enfermedad neurológica que está afectando a los equinos.
En total, entonces, habría cerca de medio millar de personas que perderían su puesto de trabajo a fin de año, ya que han sido contratadas por esta fundación, de manera bastante inorgánica, motivada por las sucesivas emergencias. Por eso, lejos de achicar, habría que formalizar de algún modo esas relaciones, pues perder a esa gente dejaría expuesto sanitariamente el país, y podría provocar la pérdida de algunos mercados importantes para la carne.
FUENTE: BICHOS DE CAMPO
