La intimación es para “remediar el daño” que provocó una empresa. El abogado sancarlino hace años denunció el hecho en la justicia y en un importante programa de la TV nacional.
Entre la primera década del 2000 (sobre todo entre el 2007 y 2011) la minera denominada en ese entonces “Los Pelambres” (después ha ido cambiando de nombre), desarrollaba una enorme explotación de cobre en Chile, casi en el límite con Argentina. Sin ningún tipo de reparos, la empresa construyó un vertedero de residuos en territorio argentino, en la localidad de Calingasta, en San Juan. El basurero, llamado “Cerro Amarillo” se convirtió en un enorme vertedero de más de 70 metros de alto y 52 hectáreas de extensión, donde, además de roca dinamitada y de desecho, contenía centenares de neumáticos descartados.
Según contó el abogado sancarlino Marcelo Romano, el basurero tenía el tamaño de aproximadamente 70 canchas de River, y contenía 55 millones de toneladas de basura. “El gobierno de San Juan minimizó el hecho y hace un acuerdo con la minera chilena para que “aísle” el basurero” explica Romano, y agrega: “no solo se trataba de un problema internacional, que debía ser abordado por el Congreso de la Nación, sino que se estaba ocasionando un gran desastre ambiental, ya que el vertedero producía contaminación “por goteo”, es decir que los desechos acumulados drenaban tóxicos sobre una laguna llamada Carnicería, un afluente del río Carnicería, y este a su vez, afluente del río San Juan”.
Según las informaciones periodísticas de esa época, “el fiscal de Estado de San Juan, Guillermo de Sanctis, firmó un polémico convenio con la minera Los Pelambres, que creó la escombrera “Cerro Amarrillo”, en el que se ordenó “aislar” y controlar durante 10 años las operaciones pero no abandonar el lugar”. (Universidad). En una entrevista para PPT (Pensado para Televisión, programa conducido por Jorge Lanata), el propio fiscal reconoce que los acuíferos ya estaban contaminados, pero minimiza el hecho. También, se conoce que en el convenio, la empresa solo tendría la responsabilidad por 10 años, lo que implicaba que luego podría retirarse, dejando el basurero como estaba.
En el 2011 la denuncia llega a Cancillería de la Nación, ya que se trataba de un conflicto internacional, pero no prospera. Por ello, el Monitoreo Parlamentario Ambiental, un conjunto de abogados ambientalistas pertenecientes a San Juan, Buenos Aires y Mendoza, encabezados por Marcelo Romano, decide demandar penalmente a las autoridades del gobierno de San Juan. La principal causa de la denuncia fue por el convenio firmando entre la provincia y la minera. Romano explica que se pidió la nulidad del mismo, ya que se violaron dos artículos de la Constitución Nacional: el 41, que prohíbe el ingreso de todo material potencialmente tóxico al territorio nacional, y el 126, porque el gobierno sanjuanino, luego de nueve años sin tomar cartas en el asunto, hizo firmar este convenio pero por una autoridad provincial con una persona jurídica internacional.
La situación llegó a un medio nacional, Canal 13, y fue abordado en el programa PPT, conducido por Jorge Lanata. El propio Marcelo Romano sobrevoló la zona de la escombrera junto a la producción del programa y mostraron en vivo el desastre ambiental. Romano explicó en el programa, que fue visto por más de 5 millones de personas que, Chile había reconocido a través de los canales diplomáticos que cometió un error, y dispuso poner el peso de la ley para que la empresa se hiciera responsable del perjuicio a Argentina. “Pero la minera no quería pagar” afirmó Romano, y agregó que, además de que las tareas de mitigación eran difíciles, la empresa hizo pesar toda su infuencia en funcionarios chilenos, para disminuir su responsabilidad.
“En 2016 lo denunciamos, y luego siguió el proceso judicial” cuenta Romano, y explica que, el equipo de abogados ambientalistas conformado por Marcelo Arancibia, Diego Seguí y Enrique Viale, junto a él, debió enfrentarse a “verdaderos monstruos”. “Por los intereses de la minera, litigaba Ricardo Gil Lavedra, así que el proceso era una lucha que parecía imposible”. Sin embargo, el 1 de diciembre de 2017 la Justicia Federal dispuso que la minera chilena debía hacerse cargo del Plan de Retiro del basurero, el que dio comienzo formal el 18 de enero de 2018.
“Fue un triunfo increíble” afirma Romano, y agrega que, no solo se logró frenar y quitar un foco de contaminación de los principales acuíferos, sino que además, el país ahorró 200 millones de dólares, que fue el costo aproximado del retiro del vertedero y la mitigación de los daños.
A principio de abril de este año, y tras casi una década de disputa, San Juan anunció que se culminó prácticamente el retiro total de la montaña de basura que la minera chilena había tirado en Calingasta. Además del retiro de las cubiertas de equipos fuera de ruta y vehículos livianos y del material de roca estéril, el Plan incluyó el destape de cinco lagunas naturales de la zona. En una comunicación exclusiva con El Cuco digital, Marcelo Romano expresó que, “es una satisfacción muy grande, que se levantaran más de 55 millones de toneladas de basura tóxica que estaban contaminando el agua y produciendo un desastre ambiental, y que la Justicia ordenara que fuese la empresa la que se hiciera cargo. Esto, además, le ahorró al país más de 200 millones de dólares, y por las últimas informaciones, veo que además la Afip le reclama a la empresa más de 6.000 millones de pesos como parte de la “remediación””. Romano agrega: “Aunque nadie lo diga, fue gracias a las denuncias judiciales y públicas que llevamos adelante con el equipo de abogados ambientalistas que esto salió adelante, y pudimos evitar un gran desastre ambiental, y grandes pérdidas económicas”.
Ahora la AFIP reclama 6.000 millones a minera que depositó residuos en San Juan
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) inscribió de oficio como contribuyente a una minera extranjera instalada en Chile que debió levantar por orden judicial la escombrera en donde había depositado 40 millones de toneladas de residuos en el lado argentino.
De esta manera, el organismo conducido por Carlos Castagneto dio inicio a una fiscalización de la firma por omitir actuar como agente de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a las ganancias por los pagos de servicios a empresas subcontratadas para cumplir con la cautelar. El monto reclamado permitiría recaudar 6.000 millones de pesos por ambos tributos.
Tras una investigación de los hechos relacionados a la disposición judicial sobre los residuos mineros y la remediación ambiental, la AFIP concluyó que la escombrera montada por la empresa extranjera constituye un Establecimiento Permanente en el país según la legislación argentina e interpretación de Convenios Internacionales de Tributación.
Por lo tanto, este Establecimiento Permanente debió actuar como agente de retención en IVA y Ganancias respecto de los pagos efectuados a las empresas subcontratadas para la ejecución de las tareas para dar cumplimiento a la orden judicial. Como el costo de ejecución de las tareas de remoción de escombros habría ascendido a 160 millones de dólares, las áreas especializadas de la AFIP estiman una recaudación de 6.000 millones de pesos entre el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias que la firma omitió retener en el pago de los servicios de las empresas subcontratadas.
(Fuentes utilizadas en esta nota: Unidiversidad, Infobae, Argentina.gob.ar, Canal 13, diario MDZ)
