Desde el gremio docente emitieron un comunicado en que confirmaron el acatamiento en apoyo a los trabajadores de Jujuy y lanzaron duras criticas al gobierno local. Desde la DGE expresaron que fueron notificados este miércoles y por ende, se incumplió con Ley 14.786.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) anunció que adherirá al paro de mañana, jueves 22 de junio, convocado por la CTERA, en apoyo a los trabajadores jujeños en medio de la polémica por la reforma constitucional de esa provincia, que provocó varios cortes de rutas y manifestaciones que se mantienen por estas horas.

A través de un comunicado difundido por redes sociales, el gremio sostuvo: “Tanto en Mendoza como en Jujuy somos víctimas de violencia institucional, ya que ambos Gobiernos reprimen, atacan, prohíben la movilización y sancionan leyes que atentan contra la libertad de manifestarse y la libertad de expresión. Hoy en Mendoza los y las trabajadoras de la educación experimentamos la violencia que ejerce el Gobernador de nuestra provincia, eliminando la carrera docente, donde una maestra que recién se inicia cobrará lo mismo que una maestra que se está por jubilar, eliminando así nuestra escala de antigüedad”.

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De acuerdo al SUTE, “estamos viendo la violencia que ejerce el gobernador de nuestra provincia eliminando la diferencia que teníamos por el ítem zona, donde una maestra que viaja a una escuela a 100 km ganará lo mismo que una que trabaja en pleno centro de la ciudad”.

El mismo comunicado añade: “Hoy en Mendoza estamos viendo la violencia que ejerce el gobernador de nuestra provincia eliminando el incentivo a la jerarquía, ya que una maestra con dos cargos va a ganar más que una directora, aún con toda la responsabilidad que ese cargo implica. Hoy en Mendoza estamos viendo la violencia que ejerce el gobernador de nuestra provincia cuando se niega a convocar el concurso para el ingreso a la jerarquía”.

Qué se dijo desde la DGE ante el anuncio de la medida

Desde la Dirección General de Escuelas (DGE) señalaron que este miércoles fueron notificados del paro y que el SUTE no está cumpliendo con la Ley 14.786 en la que exige un anticipo de 48 horas. Además, el organismo estatal remarcó que la medida de fuerza no cuenta con las garantías legales correspondientes.

Esta situación se da en medio de las negociaciones paritarias que los sindicatos de trabajadores estatales están manteniendo con la gestión de Rodolfo Suarez.

La reforma en Jujuy (con información de Diario Río Negro)

Con el voto de los 29 representantes oficialistas se ratificó la «prohibición de cortes de ruta», en el artículo 67, en el contexto de protestas, que también impide la ocupación de edificios públicos por reclamos sociales y gremiales.

El artículo 67, titulado “El derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica”, establece que “el Estado debe asegurar que las personas ejerzan sus derechos sin avasallar los derechos de otros, y garantiza la libre circulación de las personas”.

Morales defendió el concepto de prohibir los cortes de rutas y calles: “El ejercicio de derecho de la manifestación no puede obstaculizar el ejercicio de otros derechos y este es el debate que tiene que ver con la consolidación de la paz”, expresó.

Además, el lunes por la noche, el gobernador anunció la marcha atrás con la redacción de dos artículos, el 50 que establece “derechos y garantías de las comunidades de los pueblos indígenas”, y el 36 consigna los incisos referidos a “la propiedad privada”.

Durante las sesiones, también se trató la imposición de nuevos órganos y reglas que se impulsan en la administración de justicia en la provincia y modificaciones en el Régimen Electoral y el Régimen Municipal.

El artículo 50 indicaba que el Estado es el encargado de reconocer tanto la personería jurídica de las comunidades dentro del territorio provincial como la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación» y «promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano».

La ley señalaba que «ninguna de las tierras mencionadas en los incisos anteriores serán enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos» y que «el Estado garantiza el derecho a la participación y consulta previa e informada de las comunidades originarias reconocidas en la Provincia respecto a sus recursos naturales y a los intereses que las afecten de manera directa”.

En la marcha atrás, fueron dejados sin efecto los dos últimos párrafos del artículo 36. Uno es el que decía que «será considerada grave violación al derecho de propiedad la ocupación no consentida por parte de una o varias personas que impida al titular de la propiedad ejercer los derechos que le asisten según esta Constitución y la ley».

El otro es el que refería a «una ley especial determinará las condiciones para el desalojo, y para que el o los titulares del derecho afectado estén en condiciones de ejercer de manera inmediata sus derechos, aun cuando los autores de la ocupación no consentida se atribuyan la representación o los derechos del pueblo.