Tras el rechazo del gremio de la última oferta, el Ejecutivo dispuso el mismo incremento que tuvo el resto de los gremios hasta junio, mes donde se reabrirán las paritarias.
El Gobierno Provincial anunció esta semana que actualizaría por decreto el salario de los trabajadores Judiciales de Mendoza, en medio de un llamado a “paro total” que realizó el sindicato para este jueves, para toda la jornada.
Precisamente este mismo jueves salió publicado en el Boletín Oficial el decreto de aumento salarial. El mismo es el 984 y establece la misma suba de sueldos que recibieron el resto de los gremios y que acordaron en su momento en paritarias. El mismo establece subas hasta junio por un 42% al básico, pero éste se complementa también en ítems sectoriales que engrosan este mismo porcentaje.
Según marca la norma, el artículo 1 otorga a los Empleados del Poder Judicial de Mendoza, un “incremento salarial sobre la Asignación de Clase vigente al mes de diciembre de 2022, conforme el siguiente cronograma: 5% en el mes de marzo de 2023, dicho porcentaje se adiciona al 5% acordado para el mes de marzo de 2023 en el mes de diciembre de 2022, 5% en el mes de abril de 2023, 12% en el mes de mayo de 2023 y 5% en el mes de junio de 2023″.
Beatriz Martínez, subsecretaria de Modernización, explicó este miércoles a radio Mitre Mendoza que el Gobierno decidió reabrir paritarias a todos los sindicatos para la segunda quincena de junio, “incluido el gremio que representa a los trabajadores Judiciales”. Por esta razón es que los incrementos no contemplan de julio a octubre, como sí lo hicieron con el resto.
“El porcentaje de aumento es el mismo para todos hasta el mes de junio, donde nos volveremos a sentar en la mesa paritaria”, completó Martínez.
También sostuvo que “hasta que nos volvamos a juntar ellos tendrán esos incrementos en sus salarios, porque si no van a quedar desactualizados del resto y en este contexto inflacionario el Gobierno no puede dejar a los trabajadores en esta situación”.
En los considerandos del decreto, el Gobierno expone al sindicato de Judiciales, al sostener que los acuerdos paritarios sobre el incremento salarial “han sido aceptados y en consecuencia, celebrados por la gran mayoría de las representaciones gremiales”. Además, marcó que, “en aras de acercar posiciones y como resultado de diversas reuniones mantenidas entre representantes del Poder Ejecutivo Provincial y representantes gremiales de los empleados del Poder Judicial, se procuró readecuar la propuesta salarial”.
No obstante, agregaron que el Gobierno “no ha obtenido respuesta que permita liquidar los incrementos salariales en tiempo y forma, como al resto de los empleados públicos” y que dada la realidad macroeconómica y la situación salarial de los mencionados trabajadores, “habiéndose agotado la posibilidad de un acuerdo salarial en este sector, resulta necesario y razonable disponer el incremento por parte del Poder Ejecutivo”.
En este sentido, aseguraron que, de no otorgase el incremento, llevaría “a una situación que pugna con la política que promueve el Poder Ejecutivo tendiente a recomponer gradualmente el nivel de ingresos de los agentes públicos”.
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La denuncia del gremio
En el comunicado que publicaron ayer, los Empleados Judiciales denunciaron “reiteradas falsedades esgrimidas por diversos funcionarios/as del gobierno provincial y la indiferencia de las máximas autoridades del Poder Judicial”.
Aseguraron que “el reclamo fue y sigue siendo la recomposición del ingreso de los Judiciales (adecuado incremento en la asignación de clase, y cumplimiento irrestricto de la Cláusula C del año 2013, entre otros)”. Además, afirman que el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, se comprometió de palabra a cumplir con la cláusula mencionada.
“Esa propuesta debió y debe hacerse en el ámbito de las paritarias, como corresponde a nuestro ordenamiento constitucional, que excluye cualquier decisión unilateral, sin pena de transgredir el sistema democrático”, comentaron.
Y afirmaron que el gobierno “con complicidad” de las máximas autoridades del Poder Judicial se niegan a “cumplir con la ley, demostrando la absoluta insensibilidad política y humana frente a la gravedad de la crisis económica y las necesidades alimentarias de los y las trabajadoras”.
“Reclamamos pues la reapertura paritaria, una recomposición adecuada de nuestros salarios y el cese de la campaña oficial para ensuciar el ámbito de negociación”, completaron.
Fuente: Los Andes
