Tenía 79 años. Fue sentenciado por no investigar cientos de denuncias sobre detenciones y desapariciones durante la dictadura.
Otilio Roque Romano falleció este martes por la noche a los 79 años de edad. El exjuez federal, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar, cumplía detención domiciliaria desde 2016.
En diciembre de 2011, el Consejo de la Magistratura destituyó a Romano al considerar que “incumplió sus obligaciones como funcionario esencial del sistema de justicia” al no investigar delitos de torturas y violaciones, por lo que “no merece continuar en el ejercicio de la magistratura por no tener las condiciones morales para ostentar tan alto honor”.
Previo al veredicto del jury, Romano se fugó a Chile, que se negó a concederle asilo. En agosto de 2013 fue detenido y extraditado hacia Argentina.
Posteriormente fue condenado como partícipe primario en más de una centena de causas por crímenes de lesa humanidad durante la gestión que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976, cuando se desempeñaba como fiscal federal.
Estuvo alojado en la cárcel de San Felipe hasta que en julio de 2016 le otorgaron el beneficio de la prisión domiciliaria por razones de salud.
En el juicio oral conocido como la “megacausa”, Romano y otros magistrados (Rolando Carrizo, Guillermo Petra y Luis Miret) fueron acusados de facilitar, como partícipes civiles, el plan de exterminio ejecutado por las Fuerzas Armadas, al no investigar cientos de denuncias sobre detenciones y desapariciones.
Otilio Romano fue durante décadas el hombre fuerte de la Justicia Federal de Mendoza. Manejó la Cámara casi a discreción hasta que los avances de la causas de lesa humanidad comenzaron a mostrar que mucha información de lo ocurrido en Mendoza entre 1975 y 1983 apuntaba a su despacho.
Durante el proceso en su contra se nutrió de viejos contactos con fuerzas de seguridad para espiar y seguir jueces, fiscales y periodistas, dentro y fuera del edificio de calle España.
Cuando supo que su caída era inminente, decidió fugarse a Chile. Lo hizo acompañado del ex juez Luis Leiva, y se refugió durante casi dos años en una propiedad de la zona exclusiva de Cochoa.
Tras idas y vueltas en el trámite de extradición, finalmente fue devuelto a la Argentina, donde, a partir de las pruebas y de los testimonios de víctimas de su accionar, una condena segura lo esperaba.
Fuente: El Sol Diario
