Juntos por el Cambio todavía no define qué hacer ante un puñado de normativas y duda sobre incorporaciones del jueves pasado. Tensión máxima con la delegación para que el Ejecutivo pueda subir más las retenciones.
En una sesión maratónica que comenzará al mediodía de hoy y terminará durante la madrugada-mañana del miércoles la Cámara de Diputados, que comanda Cecilia Moreau, buscará aprobar y girar al Senado el proyecto de Presupuesto 2023, tras más de un mes de debate en la comisión de Hacienda. Aún hay varios artículos en puja y la principal oposición de Juntos por el Cambio votará dividida, ante indefiniciones en un interbloque que no tiene, desde hace casi un año, una jefatura consolidada.
Hay un artículo que presenta máxima tensión para el oficialismo, que es el que prorroga hasta finales de 2023 la potestad de tocar retenciones. El interbloque federal, que maneja Alejandro “Topo” Rodríguez, ya anticipó su rechazo pleno y se espera que se una todo Juntos por el Cambio -que pretende modificarlo- y los liberales -se prestará atención a ausencias en recinto- para eliminarlo. Otro tema importante de preocupación en las últimas horas se dio por un eventual pago de Ganancias en todo el Poder Judicial.
Un punto clave está relacionado con la inflación: el oficialismo aceptó una “cláusula gatillo” para que se revise, a fines de agosto, próximo las cifras proyectadas. Si exceden en un 10% lo pensado para ese momento, o si se supera el 10% de recursos, el Ejecutivo deberá enviar un proyecto al Congreso para que, en un mes, se defina la redirección de gastos. Si no ocurre eso, el Gobierno lo hará vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU).
Las provincias volverán a esquilmar, como siempre -y sin importar el signo político- a cualquier gestión nacional. Por caso, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) cobrará la deuda con distritos en ocho años (96 meses). Pasado dicho plazo, el Gobierno podrá retener partidas presupuestarias, pero bajo ningún punto se frenará la coparticipación.
En relación con los subsidios al transporte para el interior del país -reclamo algo lógico por la desigualdad ante el AMBA-, se ratificó el compromiso del ministro de Economía, Sergio Massa, con gobernadores oficialistas y opositores, y el piso para 2023 subirá a $85.000 millones. Además habrá un consejo federal para revisar dicha aplicación y la implementación de la SUBE. Ayer, el tigrense avanzó con una solución provisoria para desactivar paros varios por la situación del último trimestre del corriente año.
Una cuestión descartada fue la picardía del legislador kirchnerista y sindicalista bancario, el exradical Sergio Palazzo, para cobrar un 15% extra por aportes en planes de salud. Sí está vigente el pedido de la secretaria parlamentaria del Frente de Todos, la camporista Paula Penacca, para que los viajes aéreos sean más caros y que una tasa nueva sea direccionada a fondear la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
En comparación con la iniciativa original, el oficialismo aumentó las partidas por más de $320.000 millones. De allí la disputa por Ganancias en el Poder Judicial, que significarían -según el oficialismo- $237.000 millones. También se subirán impuestos internos como “solución” -creará más problemas- para sostener el cada vez más discutido régimen de beneficios impositivos fueguino. En tanto, la oposición logró que se puedan deducir gastos educativos en Ganancias.
Días atrás, el Foro de Convergencia Empresarial convocó a aprovechar una “oportunidad inmejorable” en el marco de la discusión del Presupuesto 2023. En ese sentido, consideró que “el Estado argentino está actualmente sobredimensionado, generando un peso excesivo sobre el sector privado que lo financia y su excesivo tamaño dificulta la gestión eficaz de sus funciones”.
El Foro luego explicó: “Más allá de los compromisos de reducción del déficit fiscal asumidos por el país con el Fondo Monetario Internacional, consideramos que se debería encarar una revisión exhaustiva de la estructura del Estado en todos sus niveles, incluyendo empresas públicas y organismos descentralizados. La reducción del gasto público resultante, que conduzca al equilibrio fiscal sin aumentar la carga impositiva sobre el sector privado de la economía y las personas físicas, permitirá reducir la emisión monetaria, bajar la inflación, reactivar la economía y alentar la inversión y la generación de empleo”.
Por último, la entidad hizo un “llamado a los legisladores para que no desaprovechen esta oportunidad para trabajar juntos en beneficio del país, que necesita un cambio de rumbo que aliente nuevas esperanzas para todos sus habitantes”. Ayer, un informe privado destacó que si se eliminaran todas las exenciones de impuestos se podría suprimir el déficit fiscal, puesto que su costo equivale a casi al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI), según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA).
Fuente: Ámbito
