El intendente se anticipó y lo ingresó este martes a la Cámara de Senadores. Pretende zonificar parte del territorio de Malargüe para explotar la actividad con sustancias químicas actualmente prohibidas. No se trataría hasta después de las elecciones del año que viene

El intendente de Malargüe Juan Manuel Ojeda presentó este martes su controvertido proyecto de ley que pide habilitar la minería por fuera de la ley 7.722. Se trata de una norma que zonificaría un porcentaje de su departamento para que en esos sectores sí puedan aplicarse sustancias como cianuro y ácido sulfúrico, actualmente prohibidos por la normativa, pero necesarios para distintos tipos de extracción.

Ante la presentación de la iniciativa, y a pesar de que la propuesta es de un intendente oficialista, el Gobierno provincial confirmó oficialmente hoy que no la apoya. “Suárez habló con Ojeda, pero él insiste en que tiene que presentar el proyecto”, expresaron desde el Poder Ejecutivo.

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La postura del Poder Ejecutivo podría marcar la suerte del proyecto. . En principio, la delimitación de la minería tratará de abrirse camino por el Senado, aprovechando que la esposa de Ojeda, Jesica Laferte, es senadora.

El jefe comunal ya había anunciado que esta semana era la elegida para ingresar el texto a la Cámara Alta y que, muy probablemente, decidiera acudir en persona a la Legislatura para darle curso a la norma. Allí, según habían afirmado desde su equipo, contabilizaban un posible caudal de votos que le daba posibilidades de aprobarse, incluyendo apoyo de una franja opositora. Ahora que es explícito que el grueso del oficialismo no lo apoya, será difícil que tenga aval en las bancas. Voceros del radicalismo en la Legislatura señalaron que difícilmente se traté antes de las elecciones del año que viene

Pero en la dilación parecía haber un acuerdo. El propio intendente había marcado que se demoró en presentar la idea porque hubo momentos de alta conflictividad política en el Poder Legislativo. Primero, por el debate salarial de los estatales, que se trasladó a la política partidaria. Más tarde, por la reforma a la Suprema Corte que impulsó el sancarlino, y que también tensó el ambiente en la Casa de las Leyes. Un miembro del gabinete llegó a pedir al sureño que esperara a que se disipasen esos ánimos, y así parece haberlo hecho; pero no alcanzó para obtener respaldo oficial.

Distintos sectores criticaron las formas, pero no el proyecto

El malestar no sólo es político, sino que se visibilizó también desde otros sectores. Incluso de gente ligada a la actividad o que brega porque el proyecto avance. Es el caso de la Cámara de Minería, donde algunos referentes mostraron sus diferencias con la forma en que el proyecto fue gestado y con los modos en los que Ojeda los fue impulsando dentro de la agenda pública de Mendoza -sin darles demasiada entidad a ellos-. De hecho, dicen no haber sido consultados, y hasta este martes en que se presentó, es sabido que menos de 10 personas conocían los pormenores de la ley.

También se cosecharon críticas desde la Cámara de Comercio de Malargüe, que en luchas como la de Portezuelo del Viento y la recuperación de la mina Potasio Río Colorado, han avanzado espalda con espalda junto a Ojeda. En este caso, manifestaron que hubo un error -según ellos- en el secretismo que rodeó a la confección del texto, y en no haberlo hecho de forma más transparente a la sociedad, mostrando de qué se trataba el interior de lo que estaban trabajando.

“Faltó gestionar apoyo académico, empresario y de distintas instituciones. Que se pudiera presionar al poder y a la vez convencer a los indecisos con esos respaldos sólidos a la propuesta. Y no que, por el contrario, se recibieran quejas de gente que se quedó sin saber de qué iba la norma”, expresó a UNO el titular de ese grupo de empresarios, Gustavo Miras. “Se fue por el mismo camino que con la ley 9.209, que es el de esconder lo que se hace en lugar de exhibirlo y someterlo a críticas válidas. Ahora, se paga de la misma manera; con desconfianza de la ciudadanía”, apuntó.

Además, Miras aseguró que esto puede complicar el impulso de otros proyectos que sí tienen posibilidades de hacerse, ya que no utilizan ninguna de las sustancias prohibidas, como Potasio Río Colorado; Hierro Indio (que está en etapa de exploración) y Cerro Amarillo, que estudia nuevas formas para la extracción de cobre.

Justamente, el aval que sí tienen esas iniciativas se relaciona con el pulgar hacia abajo de Suarez, quien ha manifestado que los únicos avances que apoyará serán ellos que cuenten con “licencia social” (hasta acá no ha sido mesurada, salvo por las manifestaciones en contra y las encuestas) y que estén por dentro de la Ley 7.722. Con esa sentencia, el futuro del nuevo proyecto minero tendría poco horizonte por delante. Si se cae, será el segundo fracaso consecutivo en menos de tres años para aquellos que buscan ampliar la minería metalífera de Mendoza.

Claves del proyecto

La clave del proyecto es que propone delimitar zonas de interés minero donde se puedan utilizar sustancias químicas, algo que prohíbe la emblemática ley provincial “antiminera” 7722.

De las cuatro zonas que establece el escrito, hay una de ellas que será “tierra fértil” para los emprendimientos mineros. La iniciativa ingresó a través de la senadora malargüina, Jesica Laferte y la intención de Ojeda, es que se pueda debatir en la Legislatura.

El proyecto tiene previsto una delimitación de 4 zonas muy claras. Excluye a las zonas limítrofes, teniendo en cuenta el que une al departamento de Malargüe con el de San Rafael, al norte; hacia el sur, el límite con Neuquén; al este el límite de Mendoza con la provincia de La Pampa y hacia el oeste, el límite nacional con Chile.

Las zonas pobladas, parajes, ciudades, los humedales que estén reconocidos por leyes nacionales, provinciales o tratados y las reservas naturales también reconocidas por leyes, también están excluidas de la actividad minera. En estos territorios no se utilizarán sustancias químicas como el cianuro, mercurio y ácido sulfúrico. Es decir, no se hará uso de estos compuestos en cercanías al Rio Atuel, Río Salado, Río Grande, Río Malargüe, Rio Barranca, Rio Colorado y sus afluentes.

El discutido proyecto no cuenta con el apoyo del Gobierno provincial, pero el malargüino insistirá en un “debate serio” en la Legislatura para intentar que su propuest avance.

Fuentes: Diario Los Andes, Diario Uno